Por: Oliver Meza
El fideicomiso se ha politizado. Los argumentos que se han vertido para su eliminación han llegado a lo absurdo. El fideicomiso es un instrumento. Es tan ángel y es tan demonio como lo es un martillo.
Quienes quieren ver eliminados los fideicomisos públicos insisten en tratarlos como si tuvieran vida propia y fueran actores que cometen corrupción. Toca señalar lo absurdo de este argumento y, por el contrario, señalar quiénes en realidad no están haciendo bien su trabajo.
En todo debate ambas partes tienen algo de razón. Es cierto que algunos fideicomisos públicos han sido señalados por su opacidad, pero no es cierto que todos sean opacos. Incluso tampoco es cierto que todos estén implicados en actos de corrupción.
En 2018, la organización FUNDAR señaló, en un estudio sobre los fideicomisos, que “hay malas prácticas de dispendio y opacidad que caracterizan a los fideicomisos”. Sin embargo, el reporte también propone “impulsar una mejora y mayor control en la administración de estos recursos”.
Y aunque algunos como la diputada Dolores Padierna, después de “leer” el reporte, hayan concluido que habría que eliminar estos instrumentos, lo cierto es que FUNDAR nunca lo recomendó.
De hecho, durante el debate de la extinción, la organización emitió un comunicado en el que advirtió que “la extinción de fideicomisos sin análisis profundo podría poner en riesgo la garantía de derechos humanos”. Este análisis se ha negado para todos los 109 fideicomisos que se pretende eliminar de tajo.
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo su tarea con el estudio sobre fideicomisos «Auditoría 1722». Detectó que algunos han tenido irregularidades y admitió preocupación por la opacidad en la que algunos operan.
El reporte de la ASF no estableció que los fideicomisos estuvieran “fuera de control”, lectura que se ha adjudicado a este estudio. Tampoco señala que los fideicomisos deban eliminarse. Eso sería tan absurdo como decir que los martillos tendrían que eliminarse porque han sido mal usados.
Ese mismo documento destacó el amplio entramado legal al que se deben sujetar los fideicomisos.
Entre otros, las leyes más importantes que enunció la ASF son:
- La Constitución Mexicana
- La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- La Ley General de Contabilidad Gubernamental
- La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otros reglamentos.
Es tanta la regulación a los fideicomisos que, de hecho, el llamado de atención de la ASF fue para las secretarías de Hacienda (SHCP) y de la Función Pública (SFP). La misma titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, es artífice auto-revelada de la eliminación de fideicomisos desde el primer intento que se hizo con el decreto presidencial.
El fideicomiso es un instrumento cuyas virtudes han sido ampliamente destacadas en varios otros lugares (ver aquí, aquí y aquí). No son actores con intereses particulares que cometen corrupción. Los señalamientos sobre corrupción merecen ser investigados y atendidos, pero eliminarlos estos instrumentos a destajo y sin analizar caso por caso mantendría intacto el halo de impunidad del que gozan los actores corruptos con su mal uso.
La ASF señaló claramente que algunos organismos públicos no están haciendo su tarea. Puntualmente, Hacienda y la Función Pública, que tienen a su cargo la vigilancia y aplicación de las regulaciones a los fideicomisos. Por ejemplo, el estudio observó que la SHCP no tiene registros actualizados sobre estos instrumentos en su sitio web.
La eliminación de los fideicomisos es una decisión completamente política que intenta debilitar un sector crítico del gobierno actual y amplía la capacidad para controlarlo. De estas cosas hablaremos aquí durante un rato.