Casi 60 millones de pesos es el monto en que se ha calculado el adeudo de Ficrea con personas y empresas de Aguascalientes hasta el momento. Pero, según una representante de los ahorradores, podría ser más y no ser tan favorable para los afectados.
La lista de acreedores publicada en la sentencia que declaró en concurso mercantil -quiebra- a esa sociedad financiera popular incluye a 27 ahorradores residentes en el estado a los que Ficrea tendrá que devolver 59 millones 751,792.89 pesos una vez que los bienes y activos se rematen.
Sin embargo, esa lista tiene errores y afecta a todos los ahorradores, aun si no promovieron el recurso, asegura Mireya Melchor, miembro de la Comisión Jurídica y de Enlace de los ahorradores Ficrea.
“Todos los ahorradores de todo el país deben aparecer en esa lista. Lo que estamos viendo es que esa lista viene equivocada: o trae mal el nombre del ahorrador, trae mal el monto o el domicilio, cuando obviamente las instituciones tienen los datos de los ahorradores”, señaló la también afectada hidrocálida.
El listado de la sentencia del pasado 2 de octubre ubica a 27 acreedores en Aguascalientes cuando fue un grupo de 36 o 37 el que promovió ese recurso y un total de 131 afectados en el estado. Además, algunos registran cuentas con montos inferiores a los 131,500 pesos que se exigía a los afectados para que pudieran cobrar el seguro de depósito bancario.
Melchor Romo explicó que, de los 131 ahorradores que resultaron afectados en Aguascalientes, aproximadamente 40 por ciento habría cobrado dicho seguro. Otro grupo, de alrededor de 60 personas, contrató un despacho local que los representa en una denuncia penal y una reclamación por daño patrimonial ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Aparte, ahondó, “hay alrededor de 30 a 35 ahorradores que están adheridos al grupo más grande de todo el país, donde somos aproximadamente 1,500 personas de diferentes estados (…) Contratamos a un despacho experto -Hamdan, Manzanero y Asociados-, que fue el primero en presentar una reclamación por daño patrimonial y que está siguiendo su curso”.
En este último grupo, hay ahorradores que también actuaron en el juicio que derivó en el concurso mercantil de Ficrea. Independientemente de ello, la integrante de la Comisión Jurídica y de Enlace de los defraudados, puntualizó que la resolución de la quiebra afecta a todos.
“En automático, todos los ahorradores nos convertimos en acreedores de este concurso mercantil (…) (que) no va a recuperar o resarcir el daño en un 100 por ciento, como lo estamos pidiendo en la reclamación por daño patrimonial. Por daño patrimonial estamos demandando que se nos devuelva el 100 por ciento de nuestro capital invertido, más intereses, más un 30 por ciento de daño moral”, explicó.
Y aunque, por tratarse de procesos legales independientes una sentencia no afectará a la otra -dado el caso, a lo que se ordene resarcir en la reclamación por daño patrimonial se le restará lo ya recuperado por concurso mercantil-, se estima que el remate de los bienes asegurados a Ficrea y sus socios lleve por lo menos dos años y medio y se liquide a los ahorradores en parcialidades.
Una sentencia favorable a los ahorradores en las reclamaciones por daño patrimonial obligarían al Estado Mexicano a devolver sus ahorros con intereses y daño moral a todos los ahorradores. Mireya Melchor previó que esos asuntos lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el camino de los amparos. Incluso, si esta no los favorece, a la Corte Internacional de las Naciones Unidas.
Además, la representante de los ahorradores anticipó que el grupo que aglutina a los afectados de todo el país interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra la CNBV, la Condusef y otras autoridades por omisiones que favorecieron el fraude de Ficrea y acciones que han obstaculizado la impartición de justicia a los ahorradores afectados.