De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Querétaro hay dos mil 800 personas privadas de su libertad.
La ENPOL tiene el objetivo de generar información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, además los delitos por los que fueron procesados y sentenciados.
Del total de personas que viven bajo esta condición en Querétaro, 31.9% tienen entre 18 y 29 años, 38.% son de 30 a 39, 23.7% tienen de 40 a 49 años y el 14.7% tienen más de 50 años. Además, de este total, en los centros penitenciarios del estado el 92.4% son hombres y el 5.8% mujeres.
Asimismo, de las dos mil 800 personas privadas de su libertad, el 68.9% cuenta con educación básica, el 21.2% alcanzó la educación media superior y el 7.5% la superior.
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Antecedentes de las personas privadas de su libertad en Querétaro
Esta encuesta realizada de julio de 2020 a julio 2021, permite conocer antecedentes familiares, laborales, jurídicos y penales.
En este sentido, del total de personas en Querétaro, el 70.8% vivió hasta antes de los 15 años con padre y madre, el 91.6% recibió cuidados de algún adulto y el 26.1% consumía alcohol. Asimismo, el 18.1% recibió gritos, mientras que el 17.3% recibió agresiones físicas, finalmente el 16.5% vivió la pérdida de alguno de sus cuidadores a causa de fallecimiento.
El 78.6% de la población de los centros penitenciarios declaró tener dependientes económicos, una semana antes de ser detenidos y el 21.3% no tenerlos.
Respecto a los antecedentes laborales una semana previa a la detención, el 27.7% se dedicaba al trabajo artesanal, el 16.9% se dedicaban al comercio o eran empleados de ventas, 14.3% operaban maquinaria industrial, de igual manera el 12.5% eran profesionistas y técnicos y el 10.8% se dedicaban a algún trabajo de apoyo.
En Querétaro, el 70.6% de las personas no tienen antecedentes penales, mientras que el 28.8% de la población privada de su libertad, fue llevada previamente a juicio.
Los principales delitos por los que las personas son recluidas son robos (60.8%), posesión ilegal de drogas (16.5%), portación ilegal de armas (10.4%), lesiones (9.4%) y comercio ilegal de drogas (9.4%)