La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa al Senado con el propósito de reformar el Artículo 21 de la Constitución. Esta propuesta, que tiene como eje la seguridad pública y la protección ciudadana, fue presentada el 1 de noviembre ante el presidente de la Mesa Directiva, senador Gerardo Fernández Noroña. El proyecto, publicado en la Gaceta Parlamentaria, busca no solo consolidar la estrategia de seguridad del país, sino también mejorar la coordinación interinstitucional y el uso efectivo de herramientas jurídicas y tecnológicas en la investigación de delitos.
Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
La iniciativa de Sheinbaum subraya la necesidad de reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch. Según la propuesta, esta secretaría necesita una mayor capacidad de intervención en la investigación de delitos y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, trabajando bajo el mando del Ministerio Público Federal. Al dotar a la Secretaría de instrumentos jurídicos robustos, se espera que se mejore la respuesta contra el crimen y se optimice la asignación de recursos en áreas de mayor incidencia delictiva.
Coordinación interinstitucional: una clave para la eficacia
El proyecto de reforma enfatiza la importancia de una coordinación eficiente entre las distintas entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se propone que la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Fiscalía General de la República y las policías federales y estatales, participen en la investigación y combate de delitos. Esto, bajo un esquema de cooperación continua y supervisada. Este enfoque también permite que las entidades de seguridad se apoyen en información estratégica y en productos de inteligencia generados por tecnología avanzada, lo cual aumentaría su efectividad.
Auditoría y transparencia en el uso de fondos para seguridad
Otro punto crucial de la reforma es el control y auditoría de los fondos federales destinados a la seguridad pública. Estos recursos, asignados a nivel estatal y municipal, serían auditados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar su uso adecuado. Según el proyecto, la transparencia en el manejo de estos fondos resulta esencial para asegurar que realmente beneficien a la ciudadanía y mejoren las condiciones de seguridad.
Inteligencia policial al servicio de la seguridad pública
La propuesta también contempla la incorporación de inteligencia policial en las investigaciones de seguridad pública. Con esta reforma, se pretende utilizar la tecnología para identificar personas y zonas de alto interés y asignar recursos de manera efectiva. Así, se espera que las intervenciones de seguridad logren un impacto positivo en el bienestar de la población.
Modificaciones al Artículo 21: una nueva estructura en seguridad pública
La reforma constitucional modificaría el Artículo 21, con lo que se establecería la participación de la Secretaría de Seguridad en la investigación de delitos, en colaboración con el Ministerio Público y la Guardia Nacional. Además, propone la creación de lineamientos claros y estándares de coordinación entre los tres niveles de gobierno, que garantizarían una respuesta sólida, transparente y responsable en materia de seguridad pública.
De aprobarse esta iniciativa, se espera un cambio en la estructura y funcionamiento de la seguridad pública en México, apostando por una colaboración interinstitucional y el aprovechamiento de inteligencia estratégica en la lucha contra el crimen.
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