Hace unos días la Iglesia católica en un editorial del semanario Desde la Fe, publicado por la Archidiócesis de México, condenó que “cualquier empresa con intenciones de inversión en el muro del fanático Trump sería inmoral, pero sobre todo, sus accionistas y dueños deberían ser considerados como traidores a la patria”.
Esta declaración abre un debate muy interesante sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, pero desde una perspectiva de la ética.
Las empresas son, como denomina Fernandin Lassalle, un factor real de poder del Estado, es decir, un elemento determinante en la construcción de la vida socio-jurídica que en los Estados modernos se define dentro de la Constitución.
Esta influencia desafortunadamente no se queda en el aspecto jurídico, sino que las empresas son también un factor fundamental de la Realpolitik. Y, en este sentido, las actuaciones de las empresas, por mucho que pertenezcan a la esfera de lo privada, tienen un gran impacto en la esfera pública.
El papel de las empresas frente a los derechos humanos ha quedado claro desde que en junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptara los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos que presentó John Ruggie. Estos principios, pese a ser soft law, han sido determinantes para que las empresas asuman sus responsabilidades para con los derechos humanos. Sin embargo, en el caso del “muro” de Trump las obligaciones de las empresas hacia los ciudadanos son éticas y morales, al margen que en el ejercicio de sus funciones deban actuar conforme a dichos principios.
Que una empresa mexicana participe de un negocio que tiene como ejes fundacionales la xenofobia, la discriminación y la segregación de sus connacionales es, además de inmoral y poco ético, un claro mensaje a EEUU de que en México no solo se permite atropellar los derechos humanos, sino que si hay dinero de por medio se coopera en este atropello. Y esta cooperación, como señala la Iglesia católica, es una traición a la patria.
Las empresas que, como CEMEX, estén dispuestas a poner por encima de los valores nacionales y del respeto entre las naciones sus intereses particulares, deben ser moralmente –y me atrevo a decir jurídicamente- sancionadas por el Estado y, sobre todo, por la ciudadanía, quienes somos también los consumidores de sus productos.
Es en momentos como este en el que la unidad nacional debe hacer resistencia, y requiere de los factores reales de poder para que sea más efectiva. La obligación de respetar los derechos humanos que se plantea en los Principios Ruggie implica también la prevención de futuras violaciones a los derechos, pero sobre todo, que el discurso de los derechos humanos implica asumirlos como una filosofía de vida y como el eje fundamental del actuar diario.