Poco menos de la mitad de las empresas mexicanas han pagado un soborno, arrojó el estudio sobre corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Aunque la encuesta aplicada no permite diferenciar si el acto de corrupción inicia del lado burocrático-político o del empresario- empleado, las causas principales para incurrir en actos de corrupción son, en orden descendente: agilizar trámites, obtener licencias y permisos, impedir abuso de la autoridad, ganar contactos y participar en licitaciones.
De acuerdo con el estudio, las empresas tienden a corromperse más cuando entran en contacto con el sector público, sin embargo, también se presentan este tipo de actos dentro del mismo ámbito privado que son realizados por los mismos empleados.
La Encuesta sobre Fraude en México de la firma KPMG reportó que 8 de cada 10 empresas en el país han padecido por lo menos un fraude en un periodo de un año. En ella también se ubicó al país por debajo de Rusia como uno de los territorios que más paga sobornos.
El contacto de las empresas con alguna autoridad, sea necesario o voluntario, siempre abre la oportunidad para cometer un acto de corrupción, señala el estudio, en las economías con mayor grado de intervención estatal tienden a estar relacionadas con mayores niveles de corrupción.
La mayor parte de las instancias hacia las que son dirigidos los sobornos son las municipales, con 33 por ciento; estatales, con 26 por ciento; federales, con 24 por ciento y las agencias públicas con 17 por ciento.
Según el estudio, las inversiones pueden llegar a disminuir hasta un 5 por ciento en los países que tienen ese tipo de prácticas; negocios y empresas pueden llegar a perder un 5 por ciento anual en ventas a causa de la corrupción.
Las consecuencias de no acceder a la corrupción son: trámites más lentos, multas injustificadas, pérdida de contratos, costos de operación y falta de vigilancia e inseguridad.
El análisis menciona una serie de prácticas “poco éticas” que son practicadas por el sector privado y autoridades:
- Emisión de ofertas ficticias: aparentar competencia sabiendo quién ganará
- Supresión de ofertas: no retirar las ya presentadas con el fin de que la licitación se adjudique al proveedor pre- acordado
- Rotación de ofertas: pacto entre empresas para ganar escalonadamente en el tiempo el contrato público
- Asignación de mercado: manera en que líneas aéreas, cadenas de supermercados se dividen el territorio y respetan zonas en las que cada proveedor, contratista o licitante puede presentar ofertas.