En un movimiento que promete redefinir el acceso a la vivienda en México, el Senado aprobó en fast-track la reforma de vivienda social promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este ambicioso proyecto busca garantizar el derecho a una vivienda digna para sectores históricamente marginados y fortalecer la capacidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para responder a este desafío. La reforma, que involucra cambios a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, permitirá la construcción de un millón de viviendas sociales, con opciones de arrendamiento y compra accesibles.
Con esta medida, el gobierno federal se compromete a una inversión estimada de 600 mil millones de pesos en seis años, abriendo oportunidades para trabajadores formales e informales. Sin embargo, la reforma no está exenta de críticas y desafíos. ¿Es esta una solución sostenible a la crisis habitacional o un modelo que podría generar riesgos económicos y sociales?
¿Qué implica la reforma de vivienda social?
La iniciativa aprobada dota al Infonavit de nuevas facultades, permitiéndole constituir una empresa filial para construir viviendas de interés social. Esta entidad, controlada mayoritariamente por el Instituto, operará bajo principios de gobierno corporativo, con el objetivo de optimizar la construcción, reducir costos administrativos y agilizar la toma de decisiones.
Este modelo busca desvincular la construcción de viviendas de fines lucrativos, priorizando la materialización del derecho a una vivienda digna. Además, el esquema de arrendamiento social permitirá que trabajadores activos, ex-empleados que hayan cotizado en el Infonavit y personas sin seguridad social puedan acceder a una vivienda adecuada, incluso con créditos al 0% de interés.
La reforma también establece obligaciones claras para los beneficiarios: el uso exclusivo de la vivienda como residencia y la prohibición del subarrendamiento. Esto pretende asegurar que los recursos destinados al programa beneficien directamente a quienes más los necesitan.
Un millón de viviendas: la meta ambiciosa del proyecto
El plan contempla la construcción de un millón de viviendas, distribuidas principalmente en regiones del centro y sur de México, con las siguientes proyecciones:
- Región Sur: 325,000 viviendas.
- Región Centro: 239,400 viviendas.
- Región Centro-Norte: 228,800 viviendas.
- Región Norte: 206,800 viviendas.
La primera etapa del proyecto, a realizarse en 2025, incluye la construcción de 120,000 nuevas viviendas, además de 100,000 mejoramientos en el Estado de México y 120,000 programas de escrituración.
Los retos de la implementación
A pesar de su enfoque inclusivo, la reforma ha suscitado críticas en el Senado. Legisladores de oposición, como la senadora Alejandra Barrales y el senador Marko Cortés, han señalado que el proyecto podría poner en riesgo los recursos de los trabajadores. Argumentan que otorgar al director del Infonavit derecho a veto y permitir el uso de los fondos para la creación de la filial equivale a un «cheque en blanco».
Además, el esquema de arrendamiento social podría enfrentar desafíos operativos, como el mantenimiento adecuado de las viviendas y la gestión eficiente de los recursos destinados al programa. La necesidad de un sistema transparente y robusto será clave para evitar desvíos y garantizar el éxito del proyecto.
El impacto de la reforma de vivienda social
La reforma representa un cambio significativo en la política habitacional de México, buscando reducir la brecha de acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Según Sheinbaum, el modelo no solo beneficiará a trabajadores activos, sino también a quienes, aunque no estén formalmente empleados, hayan contribuido al sistema en algún momento.
Además, el enfoque de créditos sin intereses y arrendamiento social podría marcar un precedente en la región, fomentando la inclusión habitacional y mitigando el impacto de la desigualdad económica.
¿Una estrategia sostenible o un desafío económico?
La implementación de este proyecto dependerá en gran medida de una gestión financiera eficiente y del compromiso político para mantener su enfoque social. Si bien la inversión es significativa, los beneficios potenciales para la economía y el bienestar social podrían justificar el esfuerzo. Sin embargo, cualquier desviación de los objetivos originales o falta de transparencia podría socavar la credibilidad del programa.
¿Una nueva era para la vivienda en México?
La reforma de vivienda social de Claudia Sheinbaum representa un esfuerzo ambicioso por abordar un problema histórico en México. Con un enfoque en la equidad y el acceso, la medida podría transformar la vida de millones de personas. Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de su implementación efectiva, la vigilancia ciudadana y la capacidad del gobierno para superar los desafíos que surjan en el camino.
En una época en la que el derecho a la vivienda es más urgente que nunca, esta reforma podría ser el comienzo de un modelo más inclusivo y sostenible.