Por lo menos desde el período de modernización, apertura e inserción internacional de la economía mexicana; es decir entre mediados de los años ochenta y finales de la década pasada, el sector privado nacional y extranjero ha jugado un papel central en los relativos progresos que el país ha registrado durante ese lapso.
Hoy este es el principal generador de empleo, el mayor aportante al PIB, el responsable de exportar manufacturas por casi 400 mil mdd (únicamente en el último año del sexenio pasado), y el contribuyente más alto al gasto público por la vía fiscal.
Tan solo de 2013 a 2018 México recibió 58 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera directa realizada por empresas privadas, según un reporte de la secretaría de Economía. Con todas las insuficiencias que se pudieran tener -problemas de seguridad pública, excesos regulatorios, corrupción burocrática, mala educación y otras- esta es una razonable historia de éxito. Todo esto, sin embargo, está cambiando en estos años y, de no modificarse, las circunstancias políticas podría convertirse en una historia de terror.
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El actual gobierno federal se ha propuesto regresar al viejo modelo del Estado propietario, ineficiente e intervencionista que fue el principal causante de las crisis recurrentes que México padeció en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Por consecuencia, se ha trazado como meta destruir a los empresarios, ahuyentar la inversión foránea, violar los contratos y nulificar el funcionamiento de un verdadero estado de derecho; que son las condiciones mínimas que cualquier negocio o emprendedor exige para operar.
Las pretensiones de controlar precios en varios mercados, impedir la competencia acabando con los órganos reguladores o mediante asignaciones directas de 8 de cada 10 contratos públicos federales, eliminar el outsourcing, intimidar al Banco de México, y embestir contra la inversión extranjera en sectores como energía y TIC´s; son señales ominosas en contra del sector privado y, peor aún, contra el sentido común con el que cualquier país medianamente serio actúa en la economía, el comercio y la ley. Todo ello en medio de la peor crisis sanitaria de la que se tenga memoria, en México y el mundo, desde 1932.
Los mexicanos, y esto incluye activamente a los empresarios y comerciantes de Aguascalientes, tendrán en junio la oportunidad de mover el marcador derrotando a los responsables de esta crisis -el presidente y sus partidos: Morena, PT y Verde- para emparejar la cancha, restablecer el equilibrio entre poderes y el sistema de contrapesos, evitar reformas legales y constitucionales lesivas para el país, preservar una democracia hoy en riesgo y, en síntesis, reconducir al país hacia el crecimiento, el bienestar y la inclusión sobre bases sostenidas y sostenibles.
En ese contexto, las encuestas que se conocen hasta ahora parecen sugerir que en Aguascalientes la competencia será básicamente entre dos fuerzas políticas encabezadas por el PAN y, a una distancia de más de quince puntos porcentuales, por el partido del presidente; que resentirá el castigo por el fracaso en el manejo de la pandemia y la crisis en la estrategia de vacunación, la grave contracción económica y los millones de empleos perdidos, el nivel de odio y división que esto ha propiciado, y el hecho de que precisamente sea Aguascalientes el estado en donde el nivel de aprobación del presidente es el más bajo del país.
En un siguiente bloque aparecen Movimiento Ciudadano y otra agrupación llamada Fuerza por México, por las cuales competirán un ex alcalde y un ex gobernador muy conocidos y que ya han hecho campañas en otras ocasiones; para ellos el objetivo más realista es posicionarse para un eventual tercer lugar. Por ahora se ve muy complicado que mejoren sustancialmente sus actuales preferencias, que probablemente no rebasarán en el mejor de los supuestos el diez por ciento cada uno, como para ser competidores de verdad respecto del PAN o de Morena.
En tercer lugar, todavía a una distancia mucho mayor, están los partidos bonsái. Entre los que destaca el PRI, que finalmente tras un arreglo oscuro pero propio de un negocio familiar, ha decidido desempeñar el papel de partido satélite de Morena; desenterrando para la capital a la esposa de un ex gobernador subordinado a esa formación, una candidata sin credibilidad, oficio, preparación o experiencia en la gestión pública.
En dos encuestas recientes la perspectiva se observa letal para el PRI: una, de diciembre de 2020, le daba a esa candidata apenas el 1.1% de las menciones y el 25.4% de los consultados decía que jamás le daría su voto a ese partido; en otra, de enero de 2021, registró 8% de buenas opiniones para esa contendiente, el mismo nivel que trae el candidato de MC, pero recogió 37% de malas opiniones (el cuarto saldo más negativo entre doce aspirantes evaluados). De hecho, según esta última medición, si las elecciones fueran hoy ganaría el PAN con 37.9%, Morena obtendría 23.1 de los sufragios y el resto no pintará.
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Finalmente, y esto es lo más importante, la pregunta clave es ¿qué partido tiene la capacidad de mantener y mejorar las condiciones institucionales, políticas, económicas, de seguridad y estabilidad que han hecho de Aguascalientes un razonable caso de éxito en el escenario nacional? Los próximos meses serán decisivos para responder, porque a partir del resultado no solo puede mejorar o empeorar su posición relativa ante los embates y dislates de la federación, sino que también de ello dependerá la fortaleza con que el liderazgo político estatal pueda conducir la transición en las elecciones de 2022.
Lo único que no es opción, ni para el sector privado ni para la sociedad en su conjunto, es dejar de participar e influir activamente en un proceso que es responsabilidad de todos.