Luis puede ser cualquier niño de diez años que hoy acude a una escuela pública de nivel básico en Aguascalientes. Es muy posible, por mero cálculo estadístico, que forme parte del 70% de estudiantes que, a esa edad, padecen lo que hoy se llama “pobreza de aprendizajes”, es decir, no saben leer ni entender un texto simple.
Suponiendo que en su futura trayectoria escolar no supere esa condición, Luis está en riesgo de que su inserción laboral y sus ingresos económicos estén definidos por esa grave desventaja. Si bien le va, y algunas de sus condiciones personales o familiares mejoran a lo largo de su vida, apenas estará por encima de la línea de pobreza. Esta hipótesis no es, desde luego, una fatalidad, pero sí una alta probabilidad.
La historia de Luis, como la de millones de niños, será la consecuencia de que no exista en México ni en la mayoría de sus estados una política efectiva en favor de la calidad educativa, de los rezagos por estrato socioeconómico y por región, de los saldos de la pandemia y, por supuesto, de que son tantos los progresos e innovaciones en otros países del mundo que parecen condenar al nuestro a una tragedia irreparable.
Partamos de una fotografía actual: México tiene apenas 60% de cobertura educativa de personas entre 3 y 29 años. Ocupa la posición 55 en la prueba PISA de la OCDE que evalúa a un total de 79 países. Entre el 45 y el 55% de los alumnos no tiene las competencias mínimas en matemáticas ni en ciencias ni en lectura. La mitad de los alumnos que regresaron a clases en el ciclo escolar 2021-22 apenas conocían el 50% de los contenidos curriculares. En los últimos cuatro años, se han otorgado 650 mil plazas docentes, sin ningún filtro de calidad ni evaluación rigurosa alguna, a personas que pueden o no ser maestros.
Por donde quiera que se vea, esta es una catástrofe que afecta sobre todo a la educación pública, a los niños de familias de bajos ingresos y a los estados más pobres; pero no sólo a ellos.
Según diversos reportes recientes del Banco Mundial, esta crisis provocará un aumento en las tasas de deserción escolar y un impacto en la formación de capital humano que dañará seriamente la adquisición de competencias y habilidades de los estudiantes.
Por ejemplo, en América Latina (incluidos México y sus estados) cuando los niños de ahora, como Luis, tengan entre 30 y 45 años, casi cinco millones de personas caerán en la pobreza si los padres, los gobiernos o ambos no aplican medidas urgentes de compensación educativa para detener la caída y superarla al menos en parte.
Ahora bien, como dice Jaime Saavedra, director de educación del Banco Mundial, no es que no sepamos cómo es una buena escuela y un sistema educativo razonablemente bueno, porque abundan ejemplos positivos. El problema radica en la falta de profesionalismo, de voluntad política e interés concreto de las autoridades y la ausencia de un entendimiento cabal de la magnitud y complejidad de la cuestión.
Saavedra ofrece una muestra: hace poco se preguntó a funcionarios educativos de 35 naciones cuál era la proporción de niños de diez años en situación de pobreza de aprendizajes en sus propios países. Ninguno se acercó mínimamente al porcentaje real: en otras palabras, no tienen la menor idea del tamaño de la crisis. ¿Qué hacer?
Lo primero es saber, mediante una evaluación técnicamente rigurosa, en Aguascalientes y en todo el país, de qué tamaño es el agujero en materia de logros de aprendizaje, retroceso curricular y socioemocional, y otras variables, para calibrar de qué estamos hablando. En segundo lugar, se necesita una focalización precisa del gasto para contratar a docentes a través de procesos abiertos y competitivos, para infraestructura moderna, recursos digitales, material didáctico y desarrollo profesional de los maestros. Ese gasto tiene que ser sobre la base de calidad, eficiencia y transparencia en la inversión, que evite una mala selección y la corrupción ahora prevaleciente.
En tercer lugar, la tecnología ayuda, pero es más importante asegurar que los docentes que trabajan en las escuelas y en la gestión del sistema sean los más aptos. En cuarto lugar, en México y en otros países, más del 90% de los presupuestos educativos no va para inversión de calidad sino para salarios y prestaciones de maestros. Por tanto, lo lógico es exigir que se reclute a los mejores y que su desempeño sea óptimo, porque es condición esencial para elevar la calidad y para que cada peso se invierta de manera más eficiente en beneficio de los niños.
En quinto lugar, está ampliamente demostrado que la calidad de los maestros define la calidad de un sistema educativo. De allí la obligación de que los sistemas educativos atraigan a los mejores profesionales a la carrera docente, seleccionados por mérito, apoyados con capacitación práctica variada y de excelencia, acompañados en su trabajo en el aula y dotados de planes, programas y herramientas que mejoren su trabajo frente a grupo. Nada de esto, sin embargo, está ocurriendo ahora. Las víctimas no solo serán los niños sino el país y los estados en su conjunto.
Lamentablemente, todavía hay sistemas educativos, como en México y en muchas entidades, donde los arreglos políticos, las complicidades sindicales y la corrupción de las autoridades determinan quién es seleccionado como maestro o director, en qué localidad trabaja o qué tipo de jornada le asignan. Cuando eso sucede, no importa cuánto se invierta en materiales, computadoras, becas, útiles escolares o edificios: las posibilidades de proveer una educación de calidad a los niños son extremadamente bajas.
Esta es una tragedia educativa y moral que los padres, las organizaciones civiles, los medios, las redes y la sociedad deben combatir con toda la fuerza posible.
Otto Granados ha sido Subsecretario y Secretario de Educación Pública; presidente del Consejo Directivo y del Consejo Asesor de la OEI; Chen Yidan Visiting Fellow en la Escuela de Graduados en Educación de Harvard; miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, y gobernador de Aguascalientes.