Hace menos de dos meses la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un incremento de 8.32 pesos al salario mínimo en el país, fijándolo en 88.36 pesos a partir del 1 de diciembre de 2017. Una cifra insuficiente para solventar las necesidades mínimas de cada persona, de acuerdo con un estudio de la Dra. Graciela Teruel Belismelis, directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández, investigador del EQUIDE; y Miguel Alejandro López.
«El precepto constitucional y las leyes secundarias derivadas del mismo establecen con claridad que el salario mínimo es un concepto de dignidad y suficiencia para el jefe de familia y su familia, no para un individuo. El salario mínimo constitucional debiera ser por tanto de $19,041 pesos mensuales, equivalentes a $4,760 por persona en un hogar promedio de cuatro personas», señala el informe.
Para satisfacer las necesidades mínimas de una persona y que ésta no se situara en la pobreza, el salario mínimo debería de ser de $95.34 pesos diarios. Pero para solventar las necesidades de una familia, el sueldo mínimo diario debería ascender a $353 pesos.
«Retomando el concepto del Living Wage Calculator’ –calculadora de salario vital- del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) los salarios mínimos que sean idénticos a la línea de pobreza serán ‘salarios de pobreza’, no dignos ni suficientes, porque sólo garantizan no caer en situación de pobreza, estando al límite de ella», reza el estudio.
La publicación indica que el salario mínimo ha permanecido prácticamente inamovible en México. En 1992 el 53.8 de los mexicanos se encontraba debajo de la línea de bienestar. Veinticuatro años después, la última medición oficial registró poco más del 50%..
Los investigadores alertan que tan solo en la administración de Peña Nieto, los salarios promedio y mínimo han perdido 14.4% y 3.9% por ciento de su poder adquisitivo respectivamente. Esta situación aumenta la brecha con los salarios de los socios de América del Norte (Canada y Estados Unidos, socios del TLCAN), perpetúa la pobreza y disminuye las posibilidades de movilidad social.