El pasado 30 de abril, el pleno del Senado frenó la reforma educativa planteada por el gobierno actual, que abroga la del ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la propuesta volverá a la Cámara de Diputados para que se modifique el dictamen en un periodo extraordinario de sesiones.
Y si bien, es cierto que la reforma contiene algunos puntos positivos -refieren los especialistas educativos-, el dictamen plantea dudas sobre si regresará al magisterio el control de las plazas docentes.
“Hay que tener en cuenta que desde 1973, el control de plazas estaba regido por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, una legislación que cubre a todo el sector público y que establece, todavía hoy, en el apartado B, que las plazas que se abran son asignadas a través de una comisión mixta, integrada en su mitad por miembros del sindicato correspondiente y la otra mitad por el gobierno. En el caso de la educación, como muchos puestos de la administración federal estaban y siguen siendo ocupados por personas cercanas al sindicato, pues en realidad, el sindicato controlaba bastante la facultad de asignar las plazas”, explica Felipe Martínez Rizo, profesor investigador jubilado de la UAA.
“Eso se cayó con la reforma de Peña Nieto. Expresamente planteó que en el caso de la educación, las plazas se tenían que asignar mediante procesos de evaluación”, detalla. Sin embargo, en la iniciativa propuesta por López Obrador, esta situación no queda tan clara.
El dictamen incluye unos párrafos “ambiguos” en los que, por un lado, establece que las plazas se asignarán mediante concursos transparentes y equitativos; pero, por otro, en el artículo décimo sexto transitorio de la reforma, contempla a los profesores como trabajadores del Estado, lo que permitiría al sindicato tener control sobre las plazas.
“Se quiere precisar el alcance del régimen laboral, y lo único que hace es confundir y dejar preocupaciones sobre prácticas que puedan consolidar la corrupción, el tráfico y la venta de plazas, así como el tráfico de personas”, declaró el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks.
“Por eso, la oposición quiere evitar ambigüedades en la redacción de ese artículo Sería un retroceso grave, sin ninguna duda. Si la decisión de a quién se le da una plaza recae en la comisión mixta, prácticamente le dejas la elección al sindicato. En ese caso, no importará quién es el más competente, sino quién está mejor relacionado con el sindicato”, finaliza Martínez Rizo.