Por: Marcela Del Muro
En medio de una pandemia global, el pasado 10 de enero, cuatro grandes carpas blancas se instalaron en la explanada del Jardín de San Miguelito, en la capital de San Luis Potosí. Durante ocho horas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 1,165 militantes panistas circularon por este lugar para elegir a su representante rumbo a la gubernatura.
Estas elecciones internas fueron las primeras votaciones que se han llevado a cabo en el estado, desde que inició la crisis sanitaria por la Covid-19.
La Comisión Organizadora del PAN cuidó mucho las medidas sanitarios al interior de sus centros de votación: se dividió el padrón total del partido entre cuatro casillas de votación para evitar aglomeraciones; al entrar al espacio de votación se tomaba la temperatura, se daba un poco de gel antibacterial y se pedía a los votantes que portaran su cubrebocas; las filas respetaban la sana distancia y las mesas donde se atendía a los militantes eran limpiadas constantemente. Lo que la Comisión no anticipó fue que alrededor de las vallas que dividían los centros de votación del espacio público, las filas abarcaron varios metros sin sana distancia y al finalizar la votación, las personas se agruparon sin respetar las medidas sanitarias.
Algunos medios locales señalaron el peligro que corría la población por el gentío en las inmediaciones del centro de votación de la capital, pero la realidad es que ni las Comisiones Organizadoras Electorales de los distintos partidos ni el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) tienen la autoridad suficiente para sancionar administrativamente a quién incumpla con las medidas sanitarias a lo largo del proceso electoral, esto porque no son autoridades sanitarias.
El protocolo que es recomendación
Las actividades del proceso electoral en el estado iniciaron el 10 de noviembre, precisamente, con las precampañas para la gubernatura. Algunos de los precandidatos, como Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde Ecologista de México, arrancaron inmediatamente con eventos proselitistas por todos los municipios, sin ningún control de las medidas sanitarias por parte de las autoridades electorales o de salud.
Evento de precampaña de Ricardo Gallardo Cardona, donde se implementaron las medidas sanitarias que dicta el Protocolo del CEEPAC. Foto: CS PVEM.
Un poco más de un mes después, el 18 de diciembre, el pleno del CEEPAC aprobó el “Protocolo Sanitario para garantizar la salud de la ciudadanía durante las etapas de precampaña y campaña del proceso electoral local en el estado de San Luis Potosí 2020-2021”, que aglutina gran parte de las recomendaciones en materia de salud y señala cómo deberán de ser las reuniones, asambleas o eventos proselitistas en lugares abiertos y cerrados; los debates; las visitas domiciliares y la propaganda electoral.
Son normas concisas y claras, pero falta profundidad en algunas de ellas o mencionar reglas sanitarias básicas para reuniones como, por ejemplo, en el caso de las elecciones, escalonar los horarios de votación; o en el caso de los eventos en lugares cerrados y abiertos, al igual que en el caso de los restaurantes, limitar la afluencia de máximo el 30% del aforo del lugar, asignando los asientos escalonadamente.
“Todas las medidas señaladas en el presente Protocolo deberán ser observadas por los partidos políticos; sus militantes y simpatizantes; precandidatas y precandidatos; candidatas y candidatos de partido e independientes, y toda persona que participe, de manera directa o indirecta, en las precampañas y campañas electorales”, sin embargo, el CEEPAC no es un organismo que pueda obligar o vigilar el cumplimiento de estas normas y mucho menos podrá emitir sanciones administrativas, por lo tanto el protocolo queda como una recomendación para todos los participante del proceso electoral en el estado.
Una de las alternativas para el cumplimiento efectivo de este Protocolo sería que el CEEPAC hiciera una alianza con alguna autoridad sanitaria, como la Secretaría de Salud del Estado, que fuera la encargada de monitorear y sancionar a los actores electorales que incumplan las normas. Hasta ahora, no existe ningún indicador de alianza, aunque el Consejo Estatal Electoral señaló que “está estudiando la posibilidad de hacer el convenio con Salud y se tiene la disposición para hacerlos”, pero aún no se cuenta con una fecha precisa para que esto suceda.
El caso del plebiscito en Chile
El 25 de octubre del 2020, 7 millones 531 mil 261 chilenos salieron a la calle para emitir su voto que determinó la posibilidad de redactar una nueva Constitución. El Plebiscito del 2020 fue un evento con muchos preparativos sanitarios que implicó a muchas autoridades del gobierno de Chile: el Presidente, la Secretaría General de Gobierno, la de Salud y la de Defensa.
El protocolo que implementaron aquel día fue revisado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y aplicarlo era obligatorio para todos: la ciudadanía, seguridad pública, los actores electorales y los funcionarios públicos.
Fue un protocolo estricto y por eso exitoso. En él se mencionaron puntos como: que cada persona tendría que llevar su propio lápiz azul, que la población mayor de 60 años solo tendría tres horas para votar y hubo el 25.9% más de casetas para voto que en las elecciones del 2017. Este tipo de medidas evitaron contagios, pero el punto principal para que el protocolo sanitario en Chile diera resultados fue que la población fue responsable de acatar las normas sanitarias.