A partir de enero de 2023, faltarán poco más de veinte meses para que el gobierno de López Obrador concluya. De manera irremediable, llegará la hora del balance y, de una forma u otra, la pesadilla del séptimo año, de la que casi ningún gobernante suele librarse. A juzgar por las condiciones reales en las que se encuentra el país la sucesión presidencial será, como dijo un observador muy agudo, un regalo envenenado. Veamos algunos aspectos clave.
El primero de ellos es que, en términos económicos, para el país, las familias y las personas, será un sexenio perdido. Al 0% registrado en 2019, siguió una contracción de -8.2% en 2020 y una recuperación de 5% en 2021. Si bien 2022 ha mostrado signos importantes de crecimiento en torno al 2.5% anual (afectados desde luego por una inflación superior al 8%), no han sido suficientes como para reponerse de la crisis de la pandemia, y los economistas estiman que en 2023 la economía mexicana podría alcanzar apenas 1.6% anual.
En suma, lo más probable es que el sexenio mantenga el mediocre crecimiento histórico de 2% que se ha registrado desde principios de los años setenta y, por supuesto, muy lejos de la promesa presidencial de que el país crecería 6% anual. Lógicamente, el ingreso per cápita caerá y, con ello, aumentarán los niveles de pobreza.
El segundo problema es que, como es bien sabido, la bujía del crecimiento es principalmente una combinación de productividad e inversión bruta fija (que es la suma de la inversión pública y privada). Sin embargo, resulta que en 2022 la primera representó solamente 2.7% del PIB —y sin contar su rentabilidad y calidad efectivas—, mientras que la segunda fue del 18.1%; en ambos casos, muy lejanas del 24% recomendado para que impulse el crecimiento.
Las razones son bastante conocidas: el gobierno federal muestra un pésimo desempeño en la asignación y calidad del gasto que hace. Ha cometido errores muy graves en materia de inversión, que van desde la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en la ciudad de México —que supuso literalmente tirar a la basura 332 mil millones de pesos, es decir, once veces el presupuesto público anual de Aguascalientes— y la incertidumbre en el sector energético hasta la decisión de construir elefantes blancos sin una debida planeación y justificación como una refinería, un tren turístico y, desde luego, una instalación aeroportuaria que hasta ahora parece ser un completo fracaso.
En la misma línea se ubica la productividad de la economía mexicana que, al igual que casi todas las de América Latina, padece de un estancamiento estructural desde los años sesenta. Tómese por ejemplo la productividad laboral que, en 2022, llegó a acumular ocho registros consecutivos a la baja, según el INEGI.
Lo anterior se explica en parte, en tercer término, por el desastre educativo ocurrido en estos años. Este anticipa una verdadera catástrofe en la formación de los niños, en sus ingresos futuros y en su trayectoria profesional y laboral. Decir que en este sentido México podría tener una y quizá dos generaciones perdidas no es una exageración sino simplemente una descripción.
Una encuesta muy reciente del INEGI reveló que, en los ciclos escolares 2020-21 y 2021-22, la población no inscrita en todos los niveles escolares (es decir, desde preescolar hasta superior) alcanzó una cifra récord de entre 19.4 y 22.3 millones respectivamente.
De los casi 2 millones de personas que nunca habían asistido a la escuela, el mayor porcentaje (83.5%) se concentra en el grupo de 3 a 5 años, el nivel escolar más decisivo en toda la trayectoria educativa de cualquier persona. Esto quiere decir que millón y medio de niños no tendrá oportunidades de una buena vida ni de salir de la pobreza.
Pero además, una evidencia igualmente grave, los niños aprenden cada vez menos y los datos son alarmantes. Según una investigación de la Universidad Iberoamericana, entre 2018 y 2022, el porcentaje de niños de primaria con nivel insuficiente, es decir, que no saben ni entienden los contenidos básicos en lenguaje subió 21% y en matemáticas 19%.
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Los de prepa salieron peor: el 33% resultó insuficiente en lenguaje y 20% en matemáticas. Esto significa que esos niños y jóvenes no pueden leer ni entender un texto simple o que no saben distinguir un triángulo de un rectángulo ni medirlo correctamente. La conclusión es que, según otras evaluaciones privadas realizadas en una muestra representativa de seis estados, entre el 70 y el 84% de los estudiantes necesitan una atención urgente para remediar al menos en parte esa situación.
Por consecuencia, ese conjunto de factores, entre otros, explica que la desigualdad, la exclusión y la pobreza entre grupos socioeconómicos, estados y regiones, tenderá a profundizarse y esta será la herencia más importante que recibirá el próximo gobierno federal, sea quien sea.
Por ejemplo, según la medición del Índice de Progreso Social que lleva el think tank México ¿cómo vamos?,en 2018 el puntaje nacional de progreso social se estimó en 64.8 puntos (sobre 100) y ese año fue el mejor desempeño del que se tiene registro a nivel nacional —en especial, 30 de las 32 entidades mejoraron su puntaje—.
No obstante, a partir de 2019 la tendencia positiva se revirtió entre otras cosas por la desaparición del Seguro Popular, la distorsión de los programas sociales a partir de su regresividad y de criterios electorales o el desorden técnico en los padrones de beneficiarios, y el progreso social en México bajó a 63 puntos, de suerte que las ganancias de los años previos se vieron borradas de un plumazo y volvimos a los niveles de 2015.
Una expectativa realista es que en los próximos dos años la situación nacional no empeore, en cuyo caso, de todas formas, el legado a la siguiente administración será probablemente el más negativo en las últimas seis décadas.
De ser así, como pasó en la transición de 1982-83, el nuevo gobierno se verá obligado a recoger los escombros, limpiar la casa e intentar mejorar pálidamente los aspectos socioeconómicos clave sencillamente porque no tendrá otra opción y México habrá perdido, quizá para siempre, la oportunidad de convertirse en un país medianamente desarrollado.