El posible retiro de concesiones a empresas que prestan servicios públicos no ha quedado solo en el sector del transporte. Actualmente, el municipio está juntando un expediente de 500 demandas contra la empresa Medio Ambiente Proactiva CAASA, encargada de suministrar el agua potable al municipio, con el que se analizará si se retira o no la concesión.
De acuerdo con el alcalde, las demandas contra la empresa van desde incumplimiento de contrato, falta de agua, mal servicio, hasta el ignorar el arreglo de fugas y reparaciones. Con un litigio que se resolverá el 25 de noviembre, el municipio tomará una decisión respecto al servicio que presta la empresa.
En diciembre de 2015, las autoridades municipales anunciaron un supuesto acuerdo en el que CAASA se comprometía a cumplir con diez peticiones, entre ellas la reducción de tarifas en zonas marginadas, un plazo más amplio de cobertura en el servicio y homologación de tarifas base. Al parecer, dicho acuerdo no ha dado resultados.
Uno de los argumentos por parte de la autoridad para no retirar el título de concesión ha sido que, de hacerlo, el municipio tendría que indemnizar a CAASA con un monto aproximado de 800 millones de pesos. Sin embargo, la pasada legislatura aprobó reformas a la Ley de Aguas del Estado que permiten quitar la concesión en caso de que la empresa no cumpla con el contrato.
Las reformas también prohiben el corte en el servicio por falta de pago y establecen que el suministro debe ser gratuito para escuelas y hospitales. En este punto, organismos como la Coparmex Aguascalientes se han manifestado en contra, argumentando que el Instituto de Educación de Aguascalientes sí debería pagar por el agua en las escuelas públicas.
La concesionaria ha interpuesto amparos para no acatar la ley, pero éstos han sido negados. Aún así, la ciudadanía sigue reportando cortes y fallas en el servicio.
Aunque la administración actual está a punto de finalizar, la alcaldesa electa, Teresa Jiménez, fijó su postura ante los medios de considerar el retiro de la concesión a CAASA. Algunas de las soluciones que se están analizando por las nuevas autoridades son que el municipio retome el servicio o un título de concesión a una empresa distinta.