Por segundo año consecutivo, Aguascalientes se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en el Índice de Estado de Derecho 2019-2020 realizado por el World Justice Project (WJP), métrica que mide el desempeño institucional en el país.
El organismo independiente resalta que la adhesión al Estado de Derecho reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de las injusticias al ser la base para que las comunidades gocen de paz y oportunidades y alcanzar un desarrollo sostenible a través de un gobierno responsable que respete los derechos fundamentales.
Las calificaciones del índice oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Ningún entidad de la República alcanzó un puntaje perfecto; de hecho, las puntuaciones más altas no llegan a la mitad de la calificación, por lo que todas tienen desafíos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.
Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 fueron Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Estos mismos estados lideraron el ranking en la edición de 2018 del Índice. Los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35). En la edición pasada, Guerrero también se ubicó al final del ranking.
¿En qué salió bien evaluado Aguascalientes?
El Índice presenta datos e indicadores originales organizados en ocho factores y 42 subfactores, los cuales proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad que sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de las autoridades estatales. Así salió Aguascalientes en cada uno de los 8 rubros evaluados.
Aguascalientes en el Índice Estado de Derecho
| Factor | Posición nacional | Puntaje | Diferencia en puntaje respecto índice 2018 |
| Límite al Poder Gubernamental | 6/32 | 0.46 | 0.0 |
| Derechos Fundamentales | 4/32 | 0.53 | -0.3 |
| Orden y Seguridad | 7/32 | 0.49 | +0.3 |
| Ausencia de Corrupción | 4/32 | 0.41 | 0.0 |
| Justicia Civil | 4/32 | 0.41 | +0.2 |
| Justicia Penal | 4/32 | 0.44 | +0.1 |
| Gobierno Abierto | 6/32 | 0.43 | 0.0 |
| Cumplimiento Regulatorio | 5/32 | 0.41 | +0.1 |
Límites al poder gubernamental: Mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. Este factor también considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones civiles y los partidos políticos.
Derechos fundamentales: Observa la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales, establecidos por el derecho internacional, no puede ser un Estado de Derecho.
Orden y seguridad: Mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el Estado de Derecho busca proteger.
Ausencia de corrupción: Evalúa la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judiciales locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia. Esta dimensión considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos.
Justicia civil: Mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.
Justicia penal: Evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios. Un sistema penal de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. De aquí, que una evaluación integral de la justicia penal debe contemplar el accionar de todos los participantes del sistema, incluyendo la policía, los defensores, los asesores jurídicos de las víctimas, los fiscales, los jueces y las autoridades encargadas del sistema penitenciario.
Gobierno abierto: El Factor 3 mide gobierno abierto, definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, mide si los ciudadanos pueden conocer el accionar del gobierno y si pueden incidir en sus decisiones.
Cumplimiento regulatorio: El Factor 6 mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva. El Factor 6 no evalúa el tipo de actividades que los gobiernos estatales deciden regular o si la regulación de determinada actividad es apropiada; simplemente, examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial.
Entre 2018 y 2019-2020, los puntajes del Índice de Estado de Derecho en México aumentaron en 15 estados (Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán).
Los puntajes descendieron en 11 entidades (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) y permanecieron sin cambios en 6 (Campeche, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y Querétaro).
Si bien Aguascalientes se ubica en segundo lugar nacional, debe considerar las buenas prácticas en materia de Estado de Derecho impulsadas en Yucatán, primer lugar general y primero en tres de los ocho factores; pero también en el vecindario regional aparecen punteros importantes como Querétaro, primero en cuatro factores, pero último en Gobierno Abierto, y Guanajuato primero en Justicia Civil.
Los indicadores del Índice de Estado de Derecho México 2019-2020 se construyeron utilizando tres tipos de información:
- Una encuesta a población general.
- Encuestas a abogados que ejercen en cada uno de los 32 estados en temas de derecho civil, administrativo o comercial, derecho penal, y derecho laboral, y especialistas en salud pública.
- Estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones o fuentes terciarias.