La reforma energética promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los temas más discutidos en el panorama político y empresarial de México. Con su reciente aprobación en el Senado, esta reforma marca un cambio significativo en la relación que el Estado y las empresas privadas establecen con el sector energético.
Aquí te presentamos los puntos clave de esta reforma, que ha sido aprobada en el Senado con 29 votos a favor y 10 en contra:
¿Qué se está reformando?
La reforma incluye modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos cambios están diseñados para reposicionar el papel del Estado en las industrias estratégicas. Lo anterior, con un enfoque específico en la electricidad y los servicios de internet. Aunque las empresas privadas mantendrán su participación en el sector energético, la nueva reforma prioriza a las empresas públicas del Estado para garantizar la accesibilidad y seguridad energética a nivel nacional.
Modificaciones al Artículo 25
La primera modificación importante es en el artículo 25, donde se sustituye el concepto de “empresa productiva del Estado” por el de “empresa pública del Estado”. Este cambio es más que una minucia semántica. Refleja un nuevo enfoque donde las empresas del Estado dejan de regirse por las llamadas “mejores prácticas”, un término asociado con la lógica empresarial privada. El objetivo es que las empresas públicas operen bajo principios distintos, con una clara prioridad en la responsabilidad social y en la prestación de servicios al menor costo posible.
El cambio en el artículo 25 también pone el foco en el rol que jugará el Estado en la industria eléctrica. En lugar de operar con fines de lucro o bajo esquemas competitivos tradicionales, las empresas del Estado tendrán la misión de proveer un servicio público accesible, eficiente y seguro.
Reformas al Artículo 27
El artículo 27 también se ve profundamente afectado por esta reforma. En primer lugar, se elimina el párrafo que señalaba que el Estado se haría cargo de la transición energética. En su lugar, la nueva redacción establece que las leyes determinarán la manera en que las empresas privadas podrán participar en las actividades de la industria eléctrica. Estas empresas no tendrán prevalencia sobre sus pares estatales. Estas últimas tendrán la responsabilidad de garantizar que el servicio eléctrico sea accesible para todos los ciudadanos.
Este punto es crucial, ya que busca limitar el papel de las empresas privadas en áreas clave de la infraestructura energética. Así, se asegura que el control principal permanezca en manos del Estado. Esto fortalecería la soberanía energética, mientras que se asegura que la electricidad, como un bien esencial, no se vea afectada por las dinámicas de mercado.
Ajustes al Artículo 28
Uno de los cambios más significativos se encuentra en el artículo 28. En este, se establece que no constituirán monopolios las actividades que el Estado realice de manera exclusiva en ciertos sectores estratégicos, como el suministro de internet y el control del litio. En particular, la reforma busca asegurar que los servicios de internet proporcionados por el Estado estén accesibles para toda la población. Esto refuerza la idea de un acceso equitativo a las tecnologías esenciales para el desarrollo moderno.
Además, el artículo 28 señala que los objetivos principales de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional serán preservar la seguridad energética y la autosuficiencia del país. Esto se logrará a través de una empresa pública del Estado que, sin fines de lucro, se encargará de proveer electricidad al menor costo posible para los usuarios.
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Implicaciones para el Sector Privado
A pesar de que las empresas privadas seguirán participando en la industria energética, la nueva reforma les otorga un rol secundario frente a las empresas públicas. Esta medida busca equilibrar la participación del sector privado con la necesidad de garantizar el acceso universal al servicio eléctrico. En términos de política energética, esto podría significar una mayor intervención del Estado en la regulación y en la prestación de servicios.
Innovación, desarrollo y transición energética
La reforma también establece un compromiso claro con el desarrollo de políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética. A pesar de eliminar la referencia explícita en el artículo 27, la transición hacia fuentes más limpias sigue siendo un objetivo importante. La diferencia consiste en un nuevo enfoque que no coloca a las empresas privadas en el centro de dicha transformación.
Próximos pasos
Tras la aprobación de esta reforma, el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias necesarias para la implementación completa de los cambios constitucionales. Esta fase será crucial para establecer las reglas del juego tanto para las empresas públicas como para las privadas. También para definir las condiciones específicas bajo las cuales el Estado podrá ejercer su control sobre las industrias estratégicas.
