Desde la segunda mitad de los años cincuenta del siglo pasado, se ha insistido en la idea de que la mejoría escolar está asociada con el incremento sostenido del gasto educativo. De ahí, la idea de que los resultados deficientes de la educación mexicana se debían a su bajo presupuesto; sin embargo, con el incremento ha dicho gasto (en una proporción de alrededor de 7 por ciento del PIB), aún no se ha obtenido algún cambio favorable.
Dada esta situación, conviene reflexionar si lo que necesita la educación son simplemente más recursos o un nuevo diseño conceptual que se sostenga en la inversión rentable. Veamos.
«En otras naciones ha crecido la tendencia de buscar fórmulas alternativas de financiamiento ligadas a una mayor competencia interescolar».
Lo primero a considerar es la función central del Estado en la educación. Si bien es cierto que en otras naciones ha crecido la tendencia de buscar fórmulas alternativas de financiamiento ligadas a una mayor competencia interescolar, a indicadores de eficiencia, a esquemas de rendición de cuentas de las escuelas hacia los usuarios, a innovaciones en la operación (charter schools) o a incentivar la expansión de modalidades asociadas a la oferta educativa privada (vouchers, homeschooling); en México estas opciones son casi desconocidas porque el gobierno es todavía el mayor proveedor de servicios educativos.
No obstante, el problema medular en la parte presupuestal no es ese, sino otro: el Estado mexicano gasta más en educación, pero debe gastar mejor. Es decir, en un contexto donde la bolsa fiscal es una y limitada, un rediseño del gasto público educativo debe crear condiciones para seguir atendiendo la demanda de cobertura, además de brindar calidad.
¿Cuál es el factor clave?
La segunda cuestión se refiere a la relación entre gasto educativo general y gasto por alumno. Es verdad que mientras el primero ha tenido un crecimiento relevante, el segundo se ha mantenido constante; sin embargo, esa formulación no explica suficientemente los indicadores que México obtiene en las pruebas internacionales; por ende, un aumento automático en ese renglón arrojaría resultados no muy distintos a los actuales, pues estos dependen de otros factores como: modelo educativo, preparación de los maestros, contenidos, recursos didácticos, programas dirigidos hacia la equidad y calidad, así como variables extraescolares.
«Es indispensable tener claro que la correlación entre inversión y calidad puede ser fuerte, pero no absoluta».
Además, la experiencia internacional sugiere que el reto está en la organización del sistema educativo y la producción de escolaridad, es decir, una reforma sistémica que involucre objetivos claros, financiamiento eficiente, autonomía escolar, mejoramiento de los docentes e infraestructura es mucho más urgente que aumentar la inversión por alumno.
Los problemas de la descentralización
El tercer aspecto tiene que ver con una de las disfunciones heredadas de la descentralización de 1992: no haber previsto un esquema trasparente, ordenado y ligado a incentivos en la relación presupuestal entre la federación y los estados en materia de gasto educativo, aspecto que si bien se ha empezado a corregir, de todas formas creó una situación asimétrica entre ambos niveles de gobierno, la cual gravita en contra de una asignación eficiente del presupuesto y distorsiona las prioridades.
Finalmente, ¿qué hacer? Es indispensable tener claro que la correlación entre inversión y calidad puede ser fuerte, pero no absoluta. Así pues, es necesario no solo invertir más, sino también invertir mejor, optimizar la gestión y los recursos adicionales. ¿Cómo lograrlo? Primero, el diseño y la ejecución del gasto educativo deben cambiar de un enfoque presupuestal-demográfico a otro que se mida a partir de resultados asociados a objetivos multianuales y concretos.
«Se debe reconocer que el contexto educativo en el país es ciertamente asimétrico y heterogéneo».
Segundo, hay que contar con una evaluación rigurosa de los diversos programas. Esto es crucial para el logro de objetivos a mediano y largo plazo, pues permite saber cómo está la educación por entidad, municipio, zona escolar y escuela; así como introducir mecanismos más efectivos de planeación y de rendición de cuentas de los centros escolares.
Tercero, reconocer que el contexto educativo en el país es ciertamente asimétrico y heterogéneo. Por ello, parece indispensable desarrollar una nueva metodología nacional, con razonable consenso, para la microplaneación regional, que incluya no solo los factores cuantitativos (estadísticas básicas, inscripciones anticipadas, obra pública…), sino también los cualitativos (calidad, eficiencia y equidad).
En suma, sí hacen falta más recursos, pero bien invertidos.