Desde antes de las elecciones presidenciales de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció su expresa intención de “cancelar” la reforma educativa de la administración Peña Nieto, sin duda una de las más serias e importantes emprendidas jamás en México desde los años sesenta.
La clara finalidad era coludirse con la delincuencia magisterial que por décadas había controlado —y controla— los servicios educativos en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como en porciones de la ciudad de México, con la promesa de devolverles sus viejos privilegios: tráfico de plazas docentes, negocios con la producción de libros de texto locales, colonización de las secretarías educativas estatales, nula exigencia de calidad a los docentes en ejercicio, entre otras cosas.
Una vez que inició su gobierno, eliminó en efecto las evaluaciones de logros de aprendizaje de los niños y las de desempeño de los maestros. Suspendió de hecho los concursos de oposición para el ingreso a la carrera docente y abrió la puerta para que nuevamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) secuestrara la gestión educativa en numerosas entidades federativas, como lo hizo por décadas antes de la reforma educativa.
El resultado, ya muy bien documentado a estas alturas, es que la educación proporcionada ahora a los niños de México en las escuelas públicas (que constituye casi el 90% en el nivel básico) atraviesa por una situación trágica. De no ser detenida y revertida, puede convertirse en una catástrofe de consecuencias incalculables.
El objetivo más importante de todo proceso de educación de calidad es asegurar que los niños aprendan y les sirva para su trayectoria laboral, profesional y vital. Para que eso suceda, es necesario articular de manera virtuosa un ecosistema compuesto por un buen modelo educativo; planes y programas efectivos; docentes profesionales y de calidad; una gestión de los servicios moderna y ágil; recursos didácticos, físicos, presupuestales y tecnológicos suficientes y eficientes; padres de familia comprometidos; una sociedad civil activa y, desde luego, la capacidad y el esfuerzo del alumnado.
Veamos cómo estaba México entre 2013 y 2018, y cómo está ahora en tres de esos factores centrales.
El primero de ellos es que el país contaba con un modelo educativo avanzado y de excelencia, cuyos propósitos principales eran ofrecer una formación integral; desarrollar competencias y habilidades; adquirir conocimientos; adoptar actitudes y tener valores. Enfatizó también incorporar la autonomía curricular y la educación socioemocional, reducir los temas y contenidos innecesarios y dirigirse hacia los aprendizajes clave, e introducir como eje horizontal la inclusión y la equidad.
Ahora, el gobierno populista decidió echar por la borda ese esfuerzo en que participaron decenas de miles de actores educativos y los mejores especialistas mexicanos en distintas ramas, y cambiar una lógica educativa por una ideológica que sirve para todo, menos para que los niños aprendan.
El primer titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, se inventó un engendro llamado “nueva escuela mexicana”, que jamás fue ni lo uno ni lo otro. Adució que esta era para contraponerse al “espíritu individualista y consumista del neoliberalismo, a la formación utilitaria e instrumentalista y a mirar a los individuos solamente como engranes fríos del sistema de producción”.
De esa irresponsabilidad pedagógica y moral surgieron, entre otras cosas, los nuevos libros de texto, cuya evaluación ya ha sido bien documentada. A juicio de los especialistas serios, son un fracaso académico, técnico e histórico en toda regla que dañará a los niños y escuelas que los usen. En suma, esa presunta nueva escuela regresó a la verborrea demencial que se usó en el México de los años setenta, una retahíla de clichés que nada tiene que ver con la educación de calidad que demanda el siglo XXI.
En segundo lugar, la reforma educativa del sexenio pasado creó un genuino servicio profesional docente para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en la carrera. Entre 2014 y 2018, participaron un millón 667 mil personas con licenciatura en concursos de oposición y en evaluaciones de desempeño transparentes, exigentes y meritocráticas. De estas, entraron al servicio o lograron su ascenso casi 242 mil, lo que quiere decir que obtuvieron su plaza o su nombramiento como directores y supervisores los mejores aspirantes.
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Ahora, el gobierno de López Obrador decidió “basificar”, que es el eufemismo con que se denomina la entrega de plazas sin ningún filtro de calidad ni verdadero concurso, a 886 mil personas que realizan tareas aparentemente educativas, ya sea como maestros o como personal administrativo.
Relacionado con este hecho, un informe de Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), una dependencia de la SEP, admitió que actualmente hay 155 mil personas que realizan funciones docentes sin tener un título profesional que los habilite para ello.
Esto quiere decir que casi el 11% de los maestros de educación básica en México carece de esa acreditación mientras que, en otros países, Chile, por ejemplo, esa condición la tiene solo el 1% del magisterio en activo. Peor aún, paladinamente regresó el tráfico de plazas magisteriales en muchos estados del país, documentadas por los medios, las cuales hoy se cotizan entre 130 y 300 mil pesos.
En tercer término, en el sexenio pasado se estableció el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes, un mecanismo indispensable para saber si los niños están aprendiendo o no en áreas esenciales de su formación. Gracias a los incentivos positivos que ese instrumento introdujo y a su valor para la medición, entre 2015 y 2017, en el caso de secundaria, once estados mejoraron en lenguaje y comunicación y 18 en matemáticas, con puntajes estadísticamente significativos. Ahora, el desempeño de los niños ha empeorado dramáticamente.
Según el Banco Mundial, del 57% de los niños que padecían “pobreza de aprendizajes” —que es cuando un niño de diez años no puede leer ni entender un texto simple— pasamos a nivel global al 70% por los factores preexistentes, la pandemia y la cancelación de buenas políticas nacionales. En el caso de México, ese porcentaje podría haber aumentado adicionalmente en 25% en los niños de familias de bajos ingresos y 15% en los de altos ingresos.
Otro indicador: el “Estudio Regional Comparativo y Explicativo” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presentado el 30 de noviembre de 2021, reportó que, en sexto grado, el 58.4% de los niños mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo aprobatorio en lectura y el 62% en matemáticas.
Y en septiembre de 2023, MEJOREDU presentó su “Evaluación Diagnóstica para las Alumnas y los Alumnos de Educación Básica”, que confirma que, en lectura, matemáticas y formación cívica y ética, los alumnos mexicanos desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria solo aciertan en las pruebas entre 42 y 46% de los reactivos en promedio, es decir, están reprobados. En el caso de Aguascalientes, el resultado fue el mismo. En algunos grados, sobre todo entre cuarto de primaria y segundo de secundaria, por ejemplo, mucho peor.
La situación actual de la educación en México no admite paliativos ni justificaciones: es una verdadera tragedia que, de no mitigarse ahora y empezar a revertirla, será una catástrofe escandalosa con un impacto muy negativo y doloroso en el abandono escolar y la pobreza de aprendizajes de esos niños.
Ellos estarán muy probablemente condenados a tener un 12% menos en sus ingresos laborales a lo largo de su vida, y padecerán, y con ellos la sociedad en su conjunto, otros efectos en inseguridad, delincuencia, desintegración familiar, en suma, desigualdad y exclusión.
La próxima presidenta de México deberá hacer de la educación de calidad su más alta prioridad. Eso no se logrará con las mismas políticas y la destrucción sistemática que ha venido ejecutando Morena en estos últimos cinco años.