El 10 de diciembre la Organización de las Naciones Unidas lo nombró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha coincide con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948.
Vinculado con estos acontecimientos, el INEGI ha compartido algunas estadísticas que resultan relevantes para comprender el acontecer de México en Derechos Humanos desde la perspectiva de las quejas interpuestas ante los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH)en contra de alguna institución pública:
- Las violaciones que se registraron relacionadas a temas de tortura ascienden a 16 821, según la base de datos de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH).
- Tan sólo el año pasado se emitieron 1 774 recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables de violar los Derechos Humanos.
- Las mujeres representan las cifras más relevantes en cuestión de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0%), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5%) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4%).
- Las servidoras y servidores públicos señalados como responsables de las violaciones denunciadas, pertenecían en gran parte a instituciones estatales, representando el 95 110 presuntas violaciones (63.9%), seguidos por las instituciones municipales (31 323, 21.0%) y las federales (15 767, 10.6%).
Por su parte, el registro que se ha hecho ante los OPDH, identifica a nueve estados por encima de la media nacional que se estableció en 2016, destacando a la Ciudad de México, San Luis Potosí y Jalisco, como aquellas entidades que pasan el doble o casi el triple de esta estimación.
En el caso de Aguascalientes, la tasa de hechos violatorios por cada cien mil habitantes ha presentado un aumento notable entre 2015 y 2016. Pasando de 44.5 a 63.5, por arriba de entidades como Nuevo León o Morelos.
Las principales recomendaciones que se han dado en materia de Derechos Humanos recaen en tres instituciones principalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (15 recomendaciones), que representan 30% de las recomendaciones dirigidas a ese orden de gobierno; la Secretaría de Marina con siete recomendaciones (14.0%) y la Procuraduría General de la República con seis (12.0%).
México presenta retos muy importantes en esta materia, a pesar de contar con las herramientas jurídicas para hacer valer los derechos fundamentales, en la práctica aún falta mucho.