En medio de una crisis de derechos humanos señalada por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 7 de octubre, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, destacó la homologación nacional de protocolos de protección e investigación de desaparición forzada y ataques a periodistas.
Al inaugurar en Aguascalientes la 2a Sesión Ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia, Zona Occidente, Gómez González destacó “el protocolo de atención a periodistas o en las medidas preventivas y medidas urgentes de protección a periodistas”; también “el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, y el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura” entre los más de 10 que se han aprobado en los últimos dos años.
La funcionaria se dijo comprometida con “una procuración de justicia más cercana a la gente, que le cierre el paso a la impunidad del país” y que sea eficaz, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Su discurso contrasta con la declaración de Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, del pasado 7 de octubre.
En ella, Al Hussein respalda las observaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en torno a la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país y señala que “muchos de los problemas señalados por mi predecesora hace cuatro años siguen siendo temas de preocupación”. Observa “una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos”.
La declaración del funcionario de la ONU reconoce que la situación está relacionada con el actuar de grupos del crimen organizado.
“Sin embargo, muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”, añade la declaración.
En los años a los que se refiere Arely Gómez en su discurso, se han registrado las masacres de Iguala y Tlatlaya; al menos 10 periodistas han sido asesinados y por lo menos 227 han sufrido persecución debido a su labor en México, según informes de Freedom House y Reporteros Sin Fronteras. Además, el Observatorio Nacional del Feminicidio calcula que cada día seis mujeres son asesinadas en México.
A unos días de que el INEGI diera a conocer los resultados de sus encuestas de Victimización y Percepción de Seguridad y de Seguridad Urbana, Gómez González informó que durante la reunión en Aguascalientes los procuradores de la región discutirían “temas relacionados con la mejora en la obtención, calidad y manejo de la información sobre incidencia delictiva, lo que nos permitirá hacer más eficiente la investigación y persecución de delitos a nivel nacional”.