La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta ciudadana para someter a juicio a los expresidentes de México planteada por el mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador.
La votación se cerró con un reñido resultado de 6 a 5. Los ministros y ministras que se mostraron a favor de la constitucionalidad del proyecto fueron Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alfredo Gutiérrez Ortiz; Juan González Alcántara; y Alberto Pérez Dayán.
Por lo contrario, aquellos que manifestaron su desaprobación fueron Luis María Aguilar Morales; Norma Lucía Piña Hernández; Javier Laynez Potisek; Jorge María Pardo Rebolledo; y José Fernando Franco González Salas.
El ministro presidente fue el primero en tomar la palabra, señalando: «Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política».
Zaldívar esgrimió que a la Corte no le corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad del marco constitucional.
Por su parte, el ministro Laynez Potisel reviró argumentando que la justicia no es sujeto de consulta: «Posiciones como la mía no son populares. Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad», manifestó.
Finalmente, con seis votos a favor y cinco en contra, la SCJN resolvió que la consulta propuesta por AMLO no restringe derechos humanos ni atenta contra el debido proceso, como previamente formuló el ministro Luis María Aguilar el 24 de septiembre al impulsar la inconstitucionalidad del sondeo popular al considerar que somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones.
La SCJN entró en receso para posteriormente valorar la redacción de la pregunta planteada por López Obrador en la consulta, la cual reza de la siguiente manera. Algunos ministros arguyen que contiene juicios de valor, por lo que abogan por una reformulación que limite el cuestionamiento a un lenguaje neutro:
«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanciones la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?«