De no haber una recomposición en la integración de la Cámara de Diputados en 2021 que permita el establecimiento de un genuino sistema de pesos y contrapesos que limite los abusos del gobierno federal e impida las malas decisiones, es posible que ocurran al menos tres cosas que puedan violentar el Estado de derecho de una manera grave e inédita en la historia reciente del país.
La primera tiene que ver con la idea del gobierno federal de liquidar el sistema de administración de fondos para el retiro que se creó justamente para empezar a corregir de manera gradual la estructura pensionaria que prevaleció por décadas en el país. A partir del nacimiento de las AFORE, cada trabajador empezó a tener una cuenta individual y en la institución de su preferencia en donde se depositan sus ahorros para el retiro, lo cual permitió incrementar sustancialmente esos fondos y por ende el ahorro nacional.
Por ejemplo, según la CONSAR, en 2012 las AFORE tenían invertidos 600 mil millones de pesos en diversas actividades económicas y en 2018 dicha cifra se duplicó hasta alcanzar casi 1.23 billones de pesos. Ahora, el gobierno federal está queriendo desaparecer el régimen de las AFORE, concentrar los ahorros de los trabajadores en un banco público que maneja discrecionalmente -lo que constituye en los hechos una requisa de dinero que no es suyo- y gestionarlos como quiera, es decir, usarlos para financiar gasto público improductivo o para construir elefantes blancos como un tren o una refinería que, bajo todos los indicadores y estimaciones disponibles, serán un fracaso mayúsculo. Esto quiere decir que los fondos de los trabajadores corren el serio riesgo de pulverizarse en el corto plazo.
La segunda va en relación con la propuesta presentada por el presidente de Morena de convertir al INEGI en una mezcla de autoridad fiscalizadora y tributaria para, según ese partido, “medir” los activos que cada mexicano tenga y de allí diseñar algún sistema confiscatorio que le permita al gobierno tomar recursos ajenos y trasladarlos a sus clientelas electorales, violando un principio fundamental del Estado de derecho que es el respeto pleno de la propiedad privada.
Esto supone que cualquier agente gubernamental pueda tener atribuciones para entrar a la casa de cada mexicano, dictaminar a voluntad el valor su patrimonio y decidir que una parte de ello o el total sea trasladado a otras manos, sencillamente porque este gobierno así lo quiso. Esto, desde luego, no ocurre en ninguna parte del mundo, excepto en Cuba o en Corea del Norte, pero va en sintonía de lo que ya se hizo en Venezuela con resultados catastróficos, como es bien sabido.
Y la tercera es que como el gobierno es insaciable y la economía no crecerá en todo el sexenio, se encuentra ahora en una situación desesperada porque no tiene liquidez para el gasto político y le es urgente ver de dónde saca más dinero y esa fuente son los contribuyentes mexicanos. Pongamos las cosas en un contexto apropiado. La necesidad de una reforma fiscal en México es un tema tan viejo como indispensable.
Entre la abundante literatura especializada destacan, por ejemplo, las recomendaciones que el Banco Mundial preparó para México hace veinte años, consistentes en que reformara “integralmente su sistema tributario” a partir de cinco criterios (efecto recaudatorio, eficiencia económica, equidad social, simplicidad administrativa y factibilidad política) e incluyera modificaciones en los aspectos ya conocidos (IVA, ISR, exenciones y regímenes especiales) para lograr, en conjunto, un efecto inmediato de 3% de ingresos públicos adicionales como proporción del PIB y, cuatro años más tarde, de entre 5 y 6 por ciento.
Pero en lugar de abordar el tema con una perspectiva mucho mejor informada y documentada, el actual gobierno quiere, por ejemplo, gravar el patrimonio o las herencias, fuentes de riqueza que ya pagaron sus correspondientes impuestos a lo largo de su formación, para evitar hacer los cambios estructurales adecuados y sostenibles.
Es decir, en México sólo 4 de cada 10 mexicanos están en la economía formal, o sea, pagan puntualmente impuestos como el de la renta, de manera que toda reforma fiscal, si no se corrige esta grave distorsión, será profundamente inequitativa y alentará migrar hacia la economía informal, que no paga los impuestos relevantes.
Por tanto, lo que hay que hacer es bajar los impuestos corporativos, como ya sucede en países con buen crecimiento, y al ahorro para alentar la inversión; subir y generalizar el IVA, que es un impuesto regresivo porque beneficia, según cálculos de algunos analistas económicos, al 30% de la población de mayores ingresos y podría aportar alrededor de 3% del PIB adicional, y es además un tipo de gravamen eficiente, transparente y fácil de recaudar; eliminar conceptos que deja de recaudar el erario federal por tasas diferenciales, exenciones, subsidios, créditos fiscales y regímenes especiales como, por ejemplo, los 14 “estímulos” al sector primario que según la SHCP representaron en 2019 casi 37 mil millones de pesos, o las exenciones de pago del IEPS a algunos sectores protegidos, entre otras cosas.
En síntesis, si los poderes Legislativo y Judicial no cumplen con su responsabilidad, todo parece indicar que México empezará a transitar hacia un régimen político donde no exista el Estado de derecho ni la propiedad privada porque el gobierno federal hará de las expropiaciones su arma favorita.