Por segundo año consecutivo, el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que identificó a patrones que históricamente durante el mes de diciembre dan de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a sus empleados para recontratarlos en enero del siguiente año.
«Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores», destacaron el IMSS, el INFONAVIT y la STPS en un comunicado conjunto, además de referir que entre noviembre y diciembre de 2020, se perdieron 277,820 puestos de trabajo, de los cuales 68.8% corresponden a trabajadores registrados como permanentes.
Las dependencias federales refirieron que si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados por los patrones en el IMSS como permanentes. Estas bajas son una práctica totalmente irregular; durante enero de 2021 se recontrataron con la misma empresa 86,575 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre de 2020.
Por lo anterior, la STPS, el IMSS y el INFONAVIT dieron a conocer que enviaron cartas a los patrones que identificaron pudieran haber incurrido en estas prácticas, con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social.
«Es importante enfatizar la relevancia de que los trabajadores y sus familias estén siempre protegidos con todas las prestaciones a las que tienen derecho, y más aún en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que estamos enfrentando», refirieron las tres dependencias..
El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que puede poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales, refirió el gobierno federal.
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