Por Paola Nadine Cortés Calzada
«Tengo un bolígrafo y tengo un teléfono», dijo el presidente Obama hace tres años al proclamar abiertamente su estrategia migratoria mediante el Programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes (DAPA por sus siglas en inglés: Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents program) y reforzando las medidas de junio 2012 cuando surgió el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals).
En su momento ambos programas fueron severamente cuestionados por lo que muchos llamaron un acto unilateral en el que se dejó de lado la opinión de la Corte, quien señaló inconsistencias en dichos programas respecto de la ley de inmigración.
A Pen and a Phone que en su momento dio vigencia a DACA y DAPA ahora se las quita, y es que más que por su contenido, la rescisión de estos programas está basada en la forma en que fueron puestos en marcha afectando a 886,814 dreamers de los cuales el 77 por ciento (689,029 personas) es de origen mexicano.
El 4 de Septiembre, el fiscal general envió una carta a la secretaria interina Duke dando a conocer en su determinación legal que DACA fue realizada por la administración anterior a través de una acción ejecutiva, sin la autoridad estatutaria apropiada y sin la fecha de finalización establecida, basado en el rechazo repetido del Congreso de la legislación propuesta en torno a la Reforma Migratoria, misma que habría logrado un resultado similar al proporcionado por estos programas. Tal elusión abierta de las leyes de inmigración fue un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo encabezado por el ex Presidente Barack Obama.
Ante esta determinación de la Corte la secretaria Elain Duke indicó al respecto que la decisión de esta administración de suspender DACA no fue tomada a la ligera, pues indicó que el Departamento de Justicia evaluó cuidadosamente la constitucionalidad del programa determinado que entra en conflicto con las leyes de inmigración existentes.
El secretario en funciones dijo: “como resultado de litigios recientes, nos encontramos con dos opciones: terminar el programa en una forma ordenada que protege a los beneficiarios en el corto plazo mientras se trabaja con el Congreso para aprobar la legislación; o permitir que el poder judicial cierre el programa potencialmente por completo y de inmediato. Elegimos la opción menos perjudicial“, y el resultado es por todos conocido.
Eliminar estos programas no es novedoso ante la Corte, antes de la implementación de DAPA, 26 estados desafiaron las políticas establecidas en el memorando de DAPA en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
El 15 de junio de 2017 fue rescindido el Memorándum que dió origen a DAPA y el 5 de septiembre de este mismo año se ha rescindido el DACA.
¿Qué sigue para los Dreamers?
A los actuales beneficiarios de DACA se les permitirá retener tanto el período de acción diferida como sus documentos de autorización de empleo (EAD) hasta que expiren, a menos que sean terminados o revocados.
Los beneficios de DACA son generalmente válidos por dos años a partir de la fecha de emisión. Para quienes tengan la solicitud de DACA pendiente de resolución se continuará el proceso para aquellas aceptadas antes del 5 de septiembre, esto mismo sucederá con aquellos que soliciten la renovación de permiso hasta el 5 de Octubre, a partir de esta fecha todas las solicitudes serán negadas. Si se pierde, se roba o se destruye un permiso DACA (EAD) aún válido de un individuo, se podrá solicitar un reemplazo presentando un nuevo Formulario I-765. Ninguna persona perderá sus beneficios antes del 5 de marzo de 2018 si presenta apropiadamente una solicitud de renovación y una solicitud asociada de autorización de empleo.
Es importante entender que el DACA no es un estatus migratorio, para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés: Immigration and Customs Enforcement) continúan siendo ilegales con un beneficio de acción diferida, sin embargo el fin del permiso de los dreamers a razón del programa no significa que sean puestos a disposición de la dependencia para su deportación, por supuesto que esto queda exento en aquellos casos donde se tenga la petición de la Corte, signifique riesgo para la estabilidad nacional, o bien, que así lo determine la autoridad migratoria en frontera para aquellos que regresan a EEUU posterior al 5 de septiembre.
Al 20 de agosto de 2017 se registraron 106,341 solicitudes pendientes, 34,487 solicitudes iniciales y 71,854 renovaciones. De agosto a diciembre de 2017, 201,678 personas tendrán sus DACA/EADs por expirar, de estas 55,258 ya han presentado solicitudes de renovación al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
En el 2018, 275,344 personas tendrán sus DACA/EAD por expirar, de las cuales 7,271 han presentado solicitudes de renovación a USCIS y finalmente de enero a agosto de 2019, 321,920 personas tendrán sus DACA/EAD por expirar, de las cuales 321,920 personas han presentado solicitudes de renovación de DACA a USCIS.
Mientras tanto en México seguimos sin una ley de Retorno de Migrantes y por el otro lado falta de espacios educativos.
Paola Nadine Cortés Calzada es licenciada en derecho y maestra en derecho migratorio. Su experiencia incluye la jefatura de departamento en el Instituto Nacional de Migración, y una subdirección de regulación migratoria a nivel nacional. También es conferencista de “Efecto Trump”.