Esta mañana, en rueda de prensa virtual, el director general de Gestión y Política Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) del Gobierno del Estado, Héctor Anaya Pérez, cuestionó acremente el manejo y operación del Relleno Sanitario San Nicolás, dependiente del Municipio de Aguascalientes, y concretamente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
El funcionario estatal presentó videos y fotografías en los que se evidencia, según explicó, que no se está haciendo una adecuada disposición final de la basura, refiriendo que se están generando una gran cantidad de lixiviados con el riesgo de contaminación de suelos aledaños al sitio donde se ubica el relleno sanitario, además del riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, lo que puede comprometer la salud de la población y de los seres vivos, así como ir en detrimento del medio ambiente.
“La prestación de los servicios públicos es muy importante, y por lo que hace al municipio de Aguascalientes hemos venido observando desde 2018 un detrimento en la calidad con la que se prestan estos servicios públicos, no solamente es la última etapa la disposición final, sino todo el sistema de limpia y aseo público”, refirió Anaya Pérez, quien también hizo referencia a los señalamientos realizados en días pasados por organizaciones ambientalistas cuestionando el mismo tema.
Añadió que el relleno sanitario había sido un modelo por su operación tanto a nivel nacional como internacional, de manera que en 2014 obtuvo la certificación ISO 14001, pero desde entonces no se han vuelto a obtener otras.
En este sentido, Anaya Pérez consideró que a raíz de que el municipio capitalino tomó la determinación de formalizar una asociación público-privada con la empresa denominada PIMSA para que tuviera participación en la disposición final de los residuos y su posible valorización, comenzaron los problemas, dado que le dejaron a este consorcio el manejo del relleno, pero sin cerciorarse de que la asociación quedara inscrita en la SHCP, por lo que incluso consideró que su operación fue ilegal.
Y como la empresa no logró el registro ante la SHCP, según explicó Héctor Anaya, comenzó a retirar su maquinaria y personal, por lo que no se está trabajando de manera adecuada en la disposición de las aproximadamente 1100 toneladas de basura que reciben al día.
Por lo anterior, y siguiendo las indicaciones del gobernador, el funcionario anunció que realizarán estudios de suelo y en agua en un radio de 500 metros a la redonda, a fin de determinar el grado y alcance de la contaminación por lixiviados y posibles riesgos a la salud y al medio ambiente, para así contar con elementos para determinar las medidas y acciones a tomar.
Asimismo, dijo que comenzarán con las gestiones pertinentes para la apertura de un nuevo sitio de disposición final de residuos contemplando la segregación de los mismos y su valorización.
“Nosotros como Gobierno del Estado reconocemos el valor de las organizaciones ambientales de haber realizado esta denuncia pública, porque la participación ciudadana es muy importante. No se puede permitir que San Nicolás siga siendo un tiradero a cielo abierto; lo que técnicamente sucede en San Nicolás es que tenemos un tiradero a cielo abierto encima de lo que fue un relleno sanitario, eso está totalmente acreditable, es evidente”, dijo.
Añadió que el gobernador ha encargado estudios para corroborar si hay contaminación tanto en suelo como en aguas superficiales aledañas al relleno, y advirtió que de continuar la incapacidad en la gestión en la disposición final el Gobierno del Estado estaría valorando habilitar un nuevo sitio de disposición final.
“Hacemos un llamado institucional para que el municipio de Aguascalientes, encabezado por la alcaldesa Tere Jiménez, asuma su responsabilidad constitucional de prestar el servicio público de disposición final de los residuos sólidos urbanos de manera eficiente. Los servicios públicos son prioritarios para la población, no pueden desatenderse porque generan problemas muy importantes y se puede afectar la salud de la población. El municipio de Aguascalientes debe priorizar su gasto público, es importante que corrija la visión y la gestión que actualmente están teniendo, los servicios públicos son una responsabilidad constitucional, de ninguna manera pueden desatenderse”, concluyó.