De acuerdo con los resultados generales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante el primer trimestre del 2019, durante ese lapso 74.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad era inseguro. En Aguascalientes resultó 16% menor al promedio.
El porcentaje no representa un cambio significativo respecto al trimestre anterior. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.6%, mientras que para los hombres fue de 68.3 por ciento.
Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos, con el 96, 95.2, 93.3, 92.8, 92.6 y 92%, respectivamente.
Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Saltillo, San Pedro Garza García, Mérida, Los Cabos, San Nicolás de los Garza y Durango, con 26.4, 34.5, 38.5, 40.8, 41.7 y 42.9%, respectivamente.
La percepción de la inseguridad es REAL si sus consecuencias son REALES; si no existe la inseguridad percibida, pero es suficiente para desalentar la inversión, sus consecuencias son reales; si dejamos de asistir a determinados eventos por miedo a la inseguridad, también aplica; lo mismo diríamos en sentido opuesto si existiendo las causas no son del todo percibidas.
Si tomamos el caso de Aguascalientes, apreciamos que lo que más está abonando al tema de la inseguridad es la problemática relacional entre los vecinos; definido como experiencia con conflictos y conductas antisociales.
En los últimos tres meses cuatro de cada diez entrevistados en Aguascalientes reportó haber tenido un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana. El doble de algunas ciudad como Cd. Juárez.
Los resultados del vigésimo tercero levantamiento de la ENSU revelan que, durante el primer trimestre de 2019, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: robos o asaltos (64.2%), consumo de alcohol en las calles (62.4%), vandalismo en las viviendas o negocios (50.1%), venta o consumo de drogas (42.8%), disparos frecuentes con armas (42.7%) y bandas violentas o pandillerismo (33.9 por ciento).
De la población de 18 años y más que reconoció haber tenido conflictos o enfrentamientos de manera directa por causa de incivilidades en su entorno, 69.1% mencionó que estos conflictos se dieron con los vecinos, mientras que 32.4% manifestó haber tenido conflictos o enfrentamientos con desconocidos en la calle.
Las encuestas muestran que el número de los que tienen miedo al delito es muy superior al número de víctimas. Los que tienen más miedo al delito viven en las ciudades, donde hay más presencia de desórdenes. Cuando estas categorías se desagregan por género y por edad, los investigadores encuentran que las que tenían más miedo (mujeres ancianas) tienen menos posibilidades de ser victimizadas que los que tienen menos (jóvenes varones).
El ODS 11 de la Agenda 2030 propone: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, reconocer la relevancia del desarrollo urbano y territorial para mejorar el bienestar de toda la población… una meta cuyo logro está vinculado con la superación de los desafíos que plantean la pobreza, cambio climático, energía e infraestructura, economía inclusiva entre otros” (Naciones Unidas, 2015).
Se reporta un cambio de paradigma en materia de seguridad: la transición de una concepción tradicional, articulada a nociones de seguridad nacional o estatal y por lo tanto centrada en el Estado y sus policías para el mantenimiento del orden público, hacia una visión más integral que pone el foco en el desarrollo de estrategias de prevención complementarias, tanto de los Estados como de la ciudadanía para el abordaje de los conflictos. Bajo el nombre Seguridad Ciudadana, se intenta reconfigurar el campo del gobierno de la seguridad en torno a la promoción de estrategias multi-actorales para la gestión de los conflictos y la coproducción de la seguridad pública.