Más de una quinta parte de la economía nacional depende de la inversión (21.4% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2022, según el INEGI). Pero, del total de estos activos, 86.5% fue por concepto de inversión privada.
Por ello, Otto Granados Roldán — actual presidente del Consejo Asesor de la OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura— remarca que “toda economía crece, se mueve y progresa a partir de la inversión privada […] En este momento, y con circunstancias adversas, el motor del crecimiento económico viene del sector privado”.
El maestro asegura que el porcentaje óptimo de inversión debe rondar el 25% sobre el PIB, a fin de que también el país crezca a tasas mayores al 4%.
El ex funcionario federal considera indispensable detonar acciones que impulsen la competitividad del país y la región; es decir, la capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión —como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)—. Particularmente, las siguientes tres condiciones podrían motivar a la inversión privada:
- Incrementar la productividad de valor agregado.
- Brindar certidumbre a las inversiones mediante el Estado de Derecho.
- Garantizar la seguridad pública en las entidades de la República.
“La combinación de estas tres variables es explosiva y puede ser costosísima para el país”, afirma.
Producción de valor agregado
El Índice Mundial de Innovación 2022 —publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)— coloca a México en el puesto 58 de 132, tres puestos abajo que en 2021. Este instrumento mide la capacidad de los países en sectores de alto valor agregado, así como su potencial para generar y aplicar nuevo conocimiento mediante el registro de patentes.
“Los países más dinámicos económicamente producen bienes y servicios con alto valor agregado e innovación. Aprovechan la revolución digital y el conocimiento; no basan su crecimiento en materias primas o productos de bajo valor agregado”, asegura Otto Ganados.
En este sentido, nuestro país tiene una tendencia a la baja desde 2018, según números de la OMPI. Al cierre de 2021, México aprobó 618 patentes (28% menos que en 2018), mientras que países como China o Estados Unidos aprobaron 584 mil 891 y 149 mil 538 respectivamente.
A fin de ser más atractivos para la inversión extranjera, el maestro agrega que tanto los gobiernos como las escuelas deben desarrollar el talento que las empresas y los mercados demandan.
“Hay que captar la inversión en nichos ‘de frontera’, como el sector aeroespacial o la economía del conocimiento, además de las tecnologías digitales y el desarrollo de microchips, etcétera.
Aquí las universidades, tanto públicas como privadas, tienen un papel protagónico muy importante para atraer ese tipo de inversión. No se trata de ver cómo acomodamos al talento que estamos formando, sino de pensar qué industrias podríamos atraer a partir de que formemos talento adecuado para ellas”, explica.
Consolidación del Estado de Derecho
“La segunda condición para el crecimiento es lo que busca cualquier empresa al momento de invertir; es decir: certidumbre y rentabilidad, agrega.
El primero exige la consolidación del Estado de Derecho, tanto en el país como en la entidad donde una empresa realiza una inversión. Esto implica que los contratos y convenios sean avalados por un sistema de impartición justicia eficiente.
De acuerdo al ranking global 2022 de World Justice Project (WJP), México ocupa el puesto 115 de 140 (con 42% de adhesión al Estado de Derecho), por lo que se encuentra más rezagado que países como Líbano (45%), Belize (49%) o Jamaica (58%).
“Hay que vigilar dos áreas para dar certidumbre: la procuración de justicia (o sea el trabajo de las fiscalías) y la impartición de justicia (que es trabajo de los tribunales y juzgados). Eso dará seguridad al inversionista de que si se firmó un contrato se va a cumplir. Darle confianza de que no tendrá litigios laborales plagados de corrupción”, explica.
Sin embargo, a nivel estatal los resultados son diferentes. Algunos estados de la región obtuvieron las mejores valoraciones, según el Índice de Estado de Derecho en México de WJP. Querétaro tuvo la valoración más alta del país (con 49%), seguidos de Aguascalientes y Guanajuato (ambos con 46%) y Zacatecas (45%).
Fuente: Índice de Estado de Derecho en México 2022, WJP.
Garantía de la seguridad pública
Granados Roldán afirma que las primeras dos condiciones garantizan la sostenibilidad de las inversiones en el tiempo. Sin embargo, la última es una variable dependerá en mayor medida de las estrategias empleadas por el gobierno en turno.
“En relación con la seguridad, el gobierno tiene que hacer estrategias preventivas que impidan que haya una contaminación de tipo regional”, explica.
Al cierre de diciembre de 2022, 64.2% de la población se manifestó insegura en la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI; es decir, 12.6 puntos menos que lo más alto en 2018. No obstante, algunas entidades y ciudades de manera particular —como Fresnillo (97.7%) y Zacatecas (93.3%)— tienen porcentajes de percepción de inseguridad sumamente altos.
Más allá de la variable de la percepción, el exgobernador explica que lo importante para atraer inversión y detonar el crecimiento económico es que tanto los estados como los municipios generen políticas mucho más eficientes y, en medida de lo posible, preventivas en materia de seguridad.
“Si bien la situación de inseguridad es grave, también es verdad que esto abre una oportunidad para que los gobiernos estatales diseñen y ejecuten una política más elaborada para la atracción de inversión”, concluye.