Hace apenas unos cuantos días, el Tec de Monterrey sacó su Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM), un ejercicio que la universidad realiza desde 1995 para medir cómo van las entidades en una serie de variables importantes y que está integrado por 6 componentes, 27 subcomponentes y 160 indicadores. La relevancia de este tipo de estudios consiste en que permite identificar áreas de oportunidad, fortalezas y debilidades, así como trabajar para mejorarlas. También es pertinente decir que muchas de ellas corresponden a los gobiernos estatales y municipales, pero también a la sociedad, sobre todo a las instituciones de educación superior y los empresarios.
En esta última edición, varios de los datos utilizados corresponden a 2016 y otros a 2017. En ella llama la atención, en primer lugar, que a pesar de que Aguascalientes tiene una buena imagen a nivel nacional, sus resultados competitivos no parecen haber cambiado positivamente con los años. Se trata, eventualmente, de una especie de trampa en donde los niveles de crecimiento son buenos, pero podrían no ser sostenibles porque esta condición depende más de aspectos competitivos. Para decirlo de manera didáctica: un país cuya economía depende de materias primas puede observar años de alto crecimiento, porque los precios internacionales de dichos commodities suben; pero de la misma forma suelen caer cíclicamente y, con ellos, bajan las tasas de crecimiento. Por el contrario, un país que de manera recurrente muestra una competitividad elevada, se defiende mucho mejor de tales variaciones porque su economía está más diversificada, es de alto valor agregado, o bien, produce bienes y servicios con un componente importante de innovación.
Dicho esto, la posición global de Aguascalientes en el ICSEM no es exactamente la más alta. A diferencia de 1997, cuando estaba en el lugar número 11 (aparecía en el primero en más de 37 indicadores); ahora se ubica en el lugar número 12, lo cual supone que en términos reales vio deteriorada su competitividad.
En los cinco grandes apartados en que se clasifica el estudio, la entidad aparece en tercer lugar en desempeño gubernamental; en decimonoveno en infraestructura productiva y capital humano; decimocuarto en innovación y emprendimiento; decimotercero en eficiencia de negocios; séptimo en capacidad para anticiparse y recuperarse ante impactos sociales, económicos y ambientales; y en una sorprendentemente mala posición, vigesimosegunda, en desempeño económico, la variable que evalúa cómo una mayor actividad económica crea expectativas positivas que conllevan a un círculo virtuoso de atracción de inversión, nacional y extranjera, y generación de empleo.
¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, que sobre todo el gobierno estatal pasado fue muy diligente en instrumentar una buena política de relaciones públicas y de facilitación de la instalación de negocios; pero no logró concebir, diseñar, formular y ejecutar una genuina política de competitividad sofisticada, integral y eficaz que diera por resultado que el estado apareciera, en todos los indicadores, al menos en los primeros cinco lugares de la tabla nacional.
Esto puede tener varios efectos ilusorios, pero citemos sólo uno muy revelador. En el sexenio 1992-1998, se crearon en Aguascalientes 51000 empleos formales, a pesar de que en 1995 la economía nacional se contrajo 7 por ciento a consecuencia del “error de diciembre”. Como la Población Económicamente Activa (PEA) era de 347000 personas en ese último año, la generación de puestos de trabajo fue equivalente al 15 por ciento. En el sexenio 2010-2016, por su parte, se crearon 84000 empleos, pero la PEA había aumentado, por razones demográficas y migratorias, a 547000 personas, lo cual quiere decir que los empleos creados en ese periodo siguieron siendo equivalentes al 15 por ciento. En términos reales, el ritmo de nuevos puestos de trabajo permaneció constante en ese prolongado lapso de 24 años.
En segundo lugar, que es cada vez más urgente provocar una amplia discusión colectiva entre gobiernos, empresas, universidades, organizaciones civiles dedicadas a estos temas y otros actores, para hacer un análisis muy serio, documentado y riguroso de lo que ha pasado en los últimos siete años en el estado en sus distintos aspectos; establecer metas concretas, sostenidas y elevadas de crecimiento y desarrollo, así como realizar las políticas públicas que permitan alcanzarlas.
Finalmente, hay diversas variables políticas y económicas nacionales, así como factores internacionales, que van a tener una influencia decisiva en el país en los próximos años, y todas las entidades debieran tener muy claro su mapa de navegación para saber qué es lo que tienen que hacer, a fin de asegurar a sus habitantes una calidad de vida y de crecimiento correspondientes a sus expectativas, y posicionar mucho mejor al estado en un ambiente que cada día será más competido.