La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica.
Además, para crear conciencia sobre la gravedad de este problema, se designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
En este contexto, el INEGI dio a conocer que de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), en nuestro país el 56.7% de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta el estado donde reside, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.
Además, la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa pasó de 83%, en 2011, a 91.1% en 2017.
Asimismo, la institución destaca que durante 2017, 14.6% de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de México la de mayor porcentaje de víctimas con 20.1%, seguida de Quintana Roo con 17.6% y Morelos con 17.2%.
Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima fueron las entidades con las menores prevalencias de corrupción. En Aguascalientes, el porcentaje de la población es de 14.6 por ciento, igual que la media nacional.
De igual modo, en 2017, a nivel nacional, se observó un aumento de poco más de dos puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo estimado en 2015 y 2013.
El INEGI destacó que entre 2015 y 2017, la prevalencia de corrupción en el país aumentó dos puntos porcentuales, motivado principalmente por el incremento en la prevalencia en 20 entidades.
Algunas de ellas, como Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León y Zacatecas duplicaron el porcentaje de víctimas de corrupción, respecto a la prevalencia observada en 2015. Por su parte, en algunas entidades la prevalencia de corrupción se redujo en esos dos años, siendo Sinaloa, Morelos y Puebla las que tuvieron mayor disminución con 4.2, 2.9 y 2.7 puntos porcentuales, respectivamente.
A nivel nacional, el contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público fueron los espacios donde se han observado las mayores prevalencias de corrupción: 59.5% de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, 30.7% de las que tramitaron permisos relacionados con la propiedad y 25.1% de las que realizaron trámites ante el Ministerio Público, observándose también un aumento en la frecuencia de corrupción en esos trámites entre 2015 y 2017. Por su parte, hubo una reducción en la prevalencia de corrupción en los trámites en juzgados o tribunales de justicia.
Un aspecto importante en el combate a la corrupción es la denuncia. Sin embargo, en 2017, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito. Hay variaciones entre entidades: Quintana Roo, Colima y Michoacán son las entidades con las mayores tasas de denuncia, con 38.7%, 30.4% y 26.8% de víctimas que dieron cuenta a las autoridades, respectivamente.
Los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso. Dos datos que sobresalen es que casi tres de cada 10 víctimas de corrupción no denunciaron porque obtuvieron algún beneficio o bien, porque consideraron que la corrupción es una práctica común.
En 2018, las 32 administraciones públicas estatales recibieron un total de 53 762 quejas y/o denuncias por la actuación indebida de los servidores públicos, lo que significa una tasa nacional de 2.1 quejas y/o denuncias por cada 100 servidores públicos de las administraciones públicas estatales (Gráfica 7).
En Sonora, México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se observaron las tasas de denuncia más altas en el país. Por otra parte, 13 entidades recibieron menos de una queja y/o denuncia por cada 100 servidores públicos, siendo Guerrero la de menor proporción.