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¿Cómo anda el gobierno local en el uso de TIC’s?

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El uso de las tecnologías de la información en el gobierno municipal de Aguascalientes ocupa el quinto lugar a nivel nacional según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Dicho estudio da al estado una calificación general de 61.8 puntos y evalúa aspectos como información, interacción, experiencia del usuario y transacciones.

En la cuestión de información, por ejemplo, se califica desde la existencia de un sitio web hasta la publicación de catálogos de licencias otorgadas y resultados de licitaciones que incluyan fallos y propuestas.

El IMCO destaca que en este aspecto el ayuntamiento es de los más completos en términos de normatividad y trámites para los empresarios así como uno de los que tiene información pública sobre inspecciones y verificaciones. Pero, recomienda actualizar el catálogo de licencias otorgadas, información importante para empresarios y consumidores, además de ser una obligación de transparencia.

La transacción es el segundo indicador mejor evaluado debido a la posibilidad de realizar trámites en línea como pagos de multas, trámites e impuestos.

En experiencia del usuario ocupa el sexto lugar. El estudio destaca el buzón de sugerencias sobre la página y la sección especializada para empresarios. Recomienda ampliar la tecnología a uso de teléfonos celulares.

En donde no está tan bien el gobierno municipal es en interacción, pues ocupa el lugar 23 con una calificación de 27. No hay mecanismo para agendar citas, ni guía de trámites. Tampoco hay información sobre empresas clausuradas, resultado de inspecciones ni mapa catastral en línea con usos de suelo.

El IMCO recomienda mejorar el mecanismo para levantar reportes contra funcionarios y dar seguimiento a las denuncias.

En el resto del país, el municipio con el mejor uso de tecnologías de la información fue Mérida, con calificación de 80.7 y el peor fue Matamoros con 14.6.

De acuerdo con el IMCO las herramientas electrónicas deben ser mejores para evitar opacidad en trámites y gestión local, facilitar procedimientos y reducir costos, combatir la corrupción pues, al reducir la interacción entre funcionario y empresario, se disminuyen los espacios donde se puedan dar dichas prácticas.

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