Cumpliendo la instrucción del presidente López Obrador, estamos hoy aquí, en esta conferencia de prensa para presentar a ustedes la estrategia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la comisión del delito de robo de hidrocarburos.
Me acompañan en esta conferencia de prensa el licenciado Julio Scherer, asesor jurídico del presidente de la República; el doctor Santiago Nieto, que está en gestiones por allá, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y el licenciado Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República.
Además de modificar el esquema de distribución y resguardar los ductos como nunca antes se había hecho, mediante un incremento inusitado del estado de fuerza, aplicando tecnología, sumando capacidades tácticas de la Sedena, Semar, Pemex y la Policía Federal, desarrollando productos de inteligencia que nos permitan de forma proactiva anticiparnos a los posibles actos de sabotaje.
Todos los servidores públicos de las áreas de seguridad estamos inmersos en ese compromiso, desde el más modesto nivel administrativo, hasta quien ostenta la más alta responsabilidad.
Esta estrategia se basa en lo siguiente:
Primeramente, se estableció un Comité de Inteligencia Interinstitucional con los siguientes objetivos:
Primero. Solventar las necesidades de productos de inteligencia que permita prevenir robos de combustible o sabotajes a las instalaciones de Pemex; dar seguimiento y auxiliar al Ministerio Público federal con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar en la judicialización de detenidos en el aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito.
Número tres. Identificar el modus operandi de todos los eventos de robo de combustible en el país, vía mecanismos de inteligencia transversales, aprovechando todas las capacidades institucionales instaladas.
Identificar el número de investigaciones en curso, a efecto de establecer las redes de vínculos que establezcan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos; así como quiénes les brinda protección desde su calidad de servidores públicos.
Número cinco. De dichas redes de vínculos deberán determinarse (inaudible) carpetas de investigación en curso y respecto de los que no existen aquellas, proporcionar información que sirva como datos de prueba para iniciar las carpetas de investigación correspondientes o integrar debidamente las ya existentes para el ejercicio de la acción penal en su contra.
Número seis. Determinar los objetivos a consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes regionales que se encuentran relacionados con la comisión del delito de robo de hidrocarburos.
Y, finalmente, dar seguimiento procesal a las consignaciones y establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.
En este Comité Interinstitucional de Inteligencia participarán un representante de Semar, Sedena, PGR; un representante de la Unidad de Investigación de Robo de Combustible de Seido, un representante de la División de Inteligencia y otro de la División de Investigaciones de la Policía Federal y otro representante del Centro Nacional de Inteligencia. Un representante más del área logística y otro del área de seguridad de instalaciones de Pemex.
La mesa general, este Comité de Inteligencia integrará la información de resultados e informará al Gabinete de Seguridad para que tome las decisiones correspondientes.
Finalmente, se propondrá la creación de una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, llamada División Financiera, que coadyuvará en impedir el continuo desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la demora en la investigación de los delitos y la impunidad que existe en los delitos precedentes al lavado de dinero.
A continuación las conclusiones de lo que encontró el Doctor Santiago Nieto. Cinco denuncias ante el Ministerio Público federal, que involucran a 15 personas morales, cuyas cuentas se encuentran ya bloqueadas, personas morales vinculadas al comercio de combustible; 13 empresas bloqueadas por operaciones, irregularidades, empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; por supuesto, siendo franquiciatarios de Pemex no tienen permisos de importación. Sus cuentas, por supuesto, ya están bloqueadas.
Finalmente, 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales.
En uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De estos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria.
En esta primera etapa, y con la información existente, están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.