La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) exigió a los partidos políticos y a los candidatos a la Presidencia de la República y de los puestos de elección popular de los diferentes órdenes de gobierno, fijar de manera urgente, clara y puntual sus propuestas e iniciativas para el desarrollo de infraestructura en nuestro país, con el objeto de impulsar la competitividad y un crecimiento económico sostenido, sustentable e incluyente.
A través de un desplegado publicado ayer en un diario local, y firmado por el presidente nacional Eduardo Ramírez Leal y el presidente de la delegación Aguascalientes, Luis Francisco Romero David, la CMIC también exigió a los candidatos –con la fuerza de sus 12 mil empresas formales– que expresen públicamente su compromiso de respetar las leyes, la transparencia y la legalidad en el ejercicio del presupuesto público.
Asimismo, solicitaron se tomen en cuenta varias propuestas como el respeto al Estado de Derecho, señalando que la primera obligación de las instituciones públicas es cumplir y hacer cumplir la ley; demandaron simplificación en el marco normativo y regulatorio, exigieron el firme combate a la corrupción y a la impunidad, refiriendo que es indispensable contar con licitaciones transparentes (a nivel federal, estatal y municipal); pidieron respeto a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y un ejercicio honesto de los mismos en materia de infraestructura y obra pública.
En este punto, solicitaron la adecuación de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de su reglamento para que éstos sean congruentes con el Sistema Nacional Anticorrupción, apoyándose en empresas socialmente responsables que cumplen con los protocolos de conducta derivados del citado sistema.
También pidieron reconocimiento e incentivos a las empresas mexicanas, pues la industria de la construcción como sector estratégico del país tiene un poderoso efecto multiplicador en la economía nacional, el cual se diluye cuando se discrimina a las empresas nacionales a favor de las extranjeras, de ahí que demandaron mayores incentivos para el desarrollo de empresas constructoras mexicanas, solicitando la mejoría en el esquema Compranet y mayor transparencia en la asignación de proyectos, con procesos de contratación transparentes y dirigidos también para la micro y pequeña empresa.
Solicitaron impulso al desarrollo regional, ya que México es un país de contrastes; contamos con importantes fortalezas, pero también enfrentamos serios retos entre los que destacan la desigualdad y la pobreza. Para superarlos, manifestaron, es necesario impulsar la infraestructura con un enfoque regional del desarrollo, de ahí que exigieron políticas públicas que incluyan la contratación de empresas locales, como medio para fortalecer la competitividad y la generación de valor, regionalizando la cadena productiva.
Refirieron que es necesaria la capacitación e innovación con visión sustentable, demandando el compromiso del sector público de fijar una postura de preferencia ante aquellas empresas que cuenten con profesionalización adecuada, así como con certificaciones y validaciones para su personal operativo, forjando empresas formales como lo exige la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo; la CMIC se comprometió a coadyuvar con los tres órdenes de gobierno para enfrentar los retos del cambio climático y aprovechar las oportunidades de los avances tecnológicos, aplicados a la infraestructura y ofreciendo planes y programas de capacitación en la materia.
Y finalmente, destacaron la importancia de la planeación a largo plazo con un Instituto de Planeación de Infraestructura Autónomo, pues México requiere certidumbre para atraer inversiones y alcanzar al menos un nivel de inversión pública equivalente al 5 por ciento del PIB en infraestructura; pidieron se desarrollen esquemas de financiamiento para enfrentar las necesidades de mayor y mejor infraestructura como son las asociaciones público privadas.
Refirieron que la CMIC elaboró el “Documento infraestructura sostenible 2030” que contiene una política de infraestructura orientada al crecimiento y al bienestar, la cual es una propuesta del sector privado, que incluye la creación de un Consejo Nacional de Infraestructura que cuente con un Instituto de Planeación de Infraestructura Autónomo con la participación de entes tanto públicos como privados.