Con la protesta de nuevos delegados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí dio luz verde al funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral con oficinas para los municipios de Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala.
El objetivo es brindar certeza legal y acceso a la justicia laboral de los trabajadores ante posibles conflictos laborales con empleadores, mediante una conciliación entre ambas partes y sin llegar a un juicio.
Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la STPS en San Luis Potosí, tomó protesta a los delegados de los Centros de Conciliación: Luis Gerardo Hervert Hervert (Ciudad Valles) Homero Benjamín García Hamvacuan (Rioverde) y Pavel Sifuentes López (Matehuala).
Mientras tanto, los representantes de organizaciones de abogados le plantearon al nuevo gobierno la urgencia de fortalecer la infraestructura de los CCL en otras regiones del estado. La intención es implementar con eficiencia el nuevo sistema de justicia como se hace en la capital potosina.
En ese sentido, el funcionario respondió que la nueva administración local tiene la meta de fortalecer y reactivar los CCLal interior del estado en los primeros 100 días de gobierno con el apoyo de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas.
Agregó que el gobierno federal otorgó 30 millones de pesos a San Luis Potosí para construir estos centros laborales, por lo que ya resolvió la entrega de presupuesto a fin de arrancar sus operaciones.
¿Cómo operan los Centros de Conciliación Laboral?
Estas instancias dan asesorías a empleadores y empleados, además atienden audiencias de conciliación o trámites para constancias de no conciliación previa a una posible demanda en tribunales.
Si no hay acuerdo en 45 días, el asunto se resolverá en tribunales laborales (que son dependientes del Poder Judicial) a través de juicios orales y en presencia de un juez.
De acuerdo a la ley, en dos audiencias se puede depurar el procedimiento, desahogar las pruebas y también emitir sentencia; pero se estableció un máximo de seis meses para resolver las controversias entre el patrón y los trabajadores.
