Carlos Zamarripa, tras 15 años en funciones, presentó su renuncia como fiscal de Guanajuato, según anunció la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a través de sus redes sociales. La gobernadora informó que el Congreso del Estado ya ha sido notificado, y la renuncia de Zamarripa surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2025.
El anuncio de la renuncia de Carlos Zamarripa como fiscal de Guanajuato
El día 27 de septiembre, Carlos Zamarripa presentó su renuncia ante la gobernadora del estado. En respuesta, Libia Dennise García remitió el oficio correspondiente al diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas, presidente del Congreso del Estado de Guanajuato.
«Les informo que el día de hoy comuniqué al @CongresoGto la renuncia que me ha presentado el titular de la @FGEGUANAJUATO para los efectos legales conducentes», publicó la gobernadora a través de su cuenta de X.
Este cambio marcará el fin de un ciclo en la Fiscalía General de Guanajuato, entidad que Zamarripa dirigió desde hace más de una década. Su salida deja abierta la vacante para una nueva designación, que estará bajo el marco de los recientes cambios constitucionales aprobados por el Congreso local.
Reforma permite que el próximo fiscal no sea guanajuatense
A principios de septiembre de 2024, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Constitución Política local, modificando los requisitos para quienes aspiren al cargo de fiscal de Guanajuato.
Ahora, el cargo será ocupado por personas que no hayan residido en el estado, eliminando la exigencia de ser guanajuatense o haber vivido en la entidad durante los últimos cinco años.
La reforma también quita la obligación de ser mexicano por nacimiento, ampliando el acceso a quienes cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos.
Nuevos requisitos para ser fiscal en Guanajuato
Con las reformas constitucionales, los criterios para ser fiscal en Guanajuato se actualizan. A partir de ahora, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- Tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación.
- Poseer un título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de diez años.
- Tener buena reputación y no contar con condenas por delitos dolosos.
Este nuevo marco normativo tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación en los cargos públicos, facilitando la entrada de perfiles altamente calificados, sin importar su origen o lugar de residencia.
