El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, que es inconstitucional el Decreto 351 de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el cual se amplió el periodo del Gobernador electo en esa entidad en 2019, de dos a cinco años.
En sesión realizada vía remota, el Pleno determinó que dicha modificación, la cual fue realizada con posterioridad a la elección, violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, como son: los principios de certeza electoral, legalidad y seguridad jurídica, las bases constitucionales de la organización política de los Estados, el derecho a votar y ser votado en condiciones de libertad e igualdad, así como los principios de no reelección y de irretroactividad de las leyes.
Los ministros de la SCJN recordaron que, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución General, las leyes electorales deben publicarse 90 días antes de que comience el proceso electoral y no puede haber modificaciones fundamentales durante éste, por lo que, al haber modificado el periodo del gobernador electo una vez que culminó el proceso electoral, el Constituyente local incurrió en un fraude a dicho mandato.
Asimismo, el Pleno señaló que la reforma impugnada constituyó una clara violación al principio de soberanía popular, así como a la voluntad general de los ciudadanos de Baja California, la cual fue expresada en las urnas el día de la elección, pues el día que ésta se realizó, la norma vigente establecía que el plazo sería de dos años y no cinco.
En cuanto a los efectos, el Pleno señaló que como consecuencia de la invalidez del Decreto de reforma deberá tener aplicación el artículo transitorio en su redacción original, el cual señala que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
Por último, la SCJN precisó que todos los actos o normas que hubieren derivado de la aplicación de la reforma deberán considerarse inválidos por derivar de una norma inconstitucional.
Ley Bonilla
El 2 de junio de 2019, Jaime Bonilla Valdez resultó electo como gobernador del estado de Baja California con el 50.3 por ciento de los votos emitidos.
El candidato contendió para ocupar el cargo a sabiendas de que sólo sería por dos años, dado que tiempo atrás se habían hecho una serie de modificaciones en materia electoral en esa entidad para “empatar” los comicios federales con los locales, como ha estado ocurriendo en todo el país.
El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California», rindió protesta para ejercer el cargo el 1 de noviembre de 2019.
Ahora bien, meses antes de que el morenista asumiera el cargo, en julio de 2019, el Congreso de Baja California aprobó una reforma constitucional que le permitía, en su carácter de próximo gobernador, permanecer en el cargo no solamente dos, sino cinco años, es decir, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, cuando la ciudadanía votó para que ostentara el puesto del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
La reforma efectuada, bautizada desde entonces como “Ley Bonilla”, fue rechazada por las cúpulas nacionales de partidos políticos como el PAN, PRI, PRD y otros, así como por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien -el 31 de octubre de 2019- presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las modificaciones aprobadas por los diputados de Baja California y que fueron publicadas en el Decreto 351 del Periódico Oficial del citado estado.
En su momento, el INE argumentó que el decreto publicado el 17 de octubre contraviene la Constitución Política, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.
La Constitución Política señala en su Artículo 105 que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
No le gusta, pero la respeta
De acuerdo a las primeras declaraciones emitidas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en torno al fallo emitido por la Suprema Corte, y que han sido publicadas en varios medios nacionales, reconoció que no le gusta (el fallo), pero respetará la decisión tomada por los ministros.