En mayo del presente año, el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, inició un proceso de investigación para analizar si la importación de vehículos y autopartes representan un riesgo para la seguridad nacional.
Dentro de este contexto, el día de ayer se abrió una audiencia en el que alrededor de 45 testigos del sector (Representantes de países como México, Canadá, Japón; la Unión Europea; ensambladoras automotrices; sindicato de trabajadores) dieron su testimonio.
En este sentido, diversos actores del sector automotriz norteamericano advirtieron al Gobierno de Donald Trump los riesgos que conllevarían la imposición de aranceles del 25% a la importación de vehículos y autopartes.
De acuerdo con un estudio del Centro Para la Investigación Automotriz de Estados Unidos, la adopción de dicha medida conduciría a la pérdida de 117 mil empleos, o lo que es lo mismo, la pérdida de casi el 10% de la fuerza de trabajo de la industria; y provocaría la reducción de dos millones de vehículos vendidos al año.
Asimismo, la investigación apuntó que que la imposición de aranceles representaría un incremento significativo en el precio de los automóviles en la nación americana: en promedio, subiría de 35 mil dólares a una cifra ligeramente superior a los 40 mil dólares.
Los automóviles ensamblados en Estados Unidos reflejarían un aumento en su precio de aproximadamente 2 mil 270 dólares; mientras que los vehículos importados registrarían un aumento de 6 mil 875 dólares.
Por ello mismo, la industria automotriz -que ya enfrenta problemas tras la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio- aseveró que no hay evidencia alguna de que la importación de automóviles represente un “riesgo para la seguridad nacional”, al contrario, argumentan que las medidas planteadas por el Gobierno de Donald Trump pondrían en serio riesgo a las familias y trabajadores estadounidenses y a la economía del país.
México ya avisó de los incovenientes
Hace dos semanas, la Secretaría de Economía de México respondió a la investigación que abrió Estados Unidos. Una carta enviada por Guillermo Malpica Soto, ministro de Comercio y Oficina del TLCAN de la en Washington al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, resaltó cómo desde 1990, la contribución general de la industria automotriz al PIB de Estados Unidos ha aumentado; así como incrementado el aumento de producción de automóviles y el valor por unidad de los vehículos; lo cual echa por la borda la teoría de que la importación de vehículos y autopartes signifique un riesgo para la seguridad nacional.
Además, la misiva fue muy enfática en subrayar que la imposición de los aranceles implicaría diversas consecuencias como la pérdida de competitividad de los fabricantes de automóviles estadounidenses, lo cual socavaría la base de fabricación de Estados Unidos. Asimismo, señaló que las medidas propuestas irían en perjuicio con los consumidores norteamericanos, algo «inconsistente con los intereses de seguridad nacional» del país presidido por Donald Trump.