El cierre del sexenio estuvo claramente marcado por el desafío que la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA) lanzó al Gobierno saliente para elevar la tarifa del transporte urbano público a 9 pesos. Tras varios paros parciales y la amenaza de un paro total, la negociación se cerró estableciendo un precio de 7.50 pesos por viaje, un claro descontento social y la percepción de que este conflicto apenas comienza.
El pacto no contentó a nadie. Una desafiante ATUSA aseguró que el nuevo precio solo dejará las cosas como están: no habrá modernización, inversión en nuevas unidades ni cambios significativos en el servicio.
La asociación usó una supuesta “quiebra técnica” (no acreditada) como argumento para iniciar los paros de sus unidades. En plática con Líder Empresarial, el director de ATUSA, Alejandro Arriaga, explicó la delicada situación en la cual están los propietarios de camiones urbanos debido a la inflación, que ha elevado los costes del combustible, mientras que la tarifa ha permanecido inmóvil durante seis años.
Días antes de conocerse el acuerdo final de última hora entre la agrupación y el gobierno, Arriaga defendía un aumento del 50 por ciento debido a que en el mes de enero llevarán revisión de contrato colectivo de trabajo con el sindicato, por lo cual sería “una fecha clave para el ingreso de nuevos camiones”.
ATUSA amenazó directamente con dejar las cosas tal y como están como muestra de inconformidad ante el incremento tarifario.
Según detalló, “el sueldo de un chofer oscila en los 350 pesos por aproximadamente 11 horas de turno laboral, de las cuales, trabajadas son 9 horas y media” (en un video que se viralizó en el mes de noviembre, un chofer aseguraba que la paga es bastante inferior). Por esto, refirió, “los ingresos generados por la tarifa actual no son suficientes para solventar los gastos que involucran combustibles y otros servicios”. Tan solo en cuanto al diesel, añadió Arriaga, “se utilizan en una jornada aproximadamente 100 litros, por lo cual el gasto en combustibles al día está por encima de los 1,400 pesos”.
Tras el pacto realizado con la administración de Carlos Lozano, el director de los transportistas se mostró “insatisfecho” con el nuevo precio, ya que tenían un proyecto “más ambicioso” y estimó que dentro de seis u ocho meses los autobuses mejorarían en servicio e instalaciones; pero la implementación de tecnología sería un proceso complicado de llevar a cabo bajo esta cifra, que considera “aún muy baja para este tipo de proyectos”. Además, criticó la decisión de congelar la tarifa estudiantil porque, en su opinión, “se ha consentido en exceso al estudiante. Tiene que entender que el transporte debe de costarle”.
Más tarde, ATUSA amenazó directamente con dejar las cosas tal y como están como muestra de inconformidad ante el incremento tarifario.
Fuertes críticas de los empresarios
Pero ATUSA no es el único decepcionado con el acuerdo. Para los empresarios, el aumento propuesto es “incongruente” en relación con las unidades y servicio, pues se “cuenta con pésima calidad y planeación en tiempos”. Así lo señalaba en entrevista telefónica el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Aguascalientes, Francisco Ruiz, para quien es necesario evaluar el modelo de transporte público de la entidad.
Además, el sector empresarial cuestionó la distribución del fideicomiso de 25 por ciento del total de la tarifa, que según lo establecido por la norma gubernamental, sería destinado para mejorar las condiciones y modernización del transporte.
Por este motivo, Coparmex ha pedido directamente que se retire la concesión, pero ¿es esto posible? Desde ATUSA, sostienen que se trata de un procedimiento muy complicado, pero con la ley en la mano, no es, ni mucho menos, una utopía.
De acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, ex titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), “en Aguascalientes existen 700 concesiones de transporte urbano divididas en 46 rutas, de las cuales ninguna fue entregada por el actual mandato, sino por el anterior”. Rodríguez calculó que “aproximadamente se contabilizan entre 300,000 y 350,000 personas que diariamente utilizan el transporte urbano, por lo cual dejar de prestar un servicio tan importante para la ciudadanía como este se considera motivo suficiente para retirar la concesión”, según lo establecido legalmente entre el poder Ejecutivo y la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes.
Transporte público, ¿una apuesta del estado?
El ex secretario de la Seguot aseguró que las conversaciones con ATUSA han sido un tema de todo el sexenio, aunque se han ido intensificando en los últimos meses, llegando a punto muerto.
Si los esfuerzos de la agrupación de transportistas por mejorar el servicio han sido profundamente cuestionados, el papel del gobierno del Estado también ha estado en la mira. Para Francisco Ruiz, aceptar las condiciones impuestas por los concesionarios sin estudio de factibilidad ni documentación que justifique el incremento de la tarifa es, directamente, ceder al chantaje y fomentar la impunidad.
Por otro lado, la inversión estatal en transporte público ha sido mínima y prácticamente nula en lo que se refiere a infraestructura. “No se habría destinado ningún aporte económico a este sector”, reconoció el exdirector de transporte público, Juan Humberto Cervantes.
En los últimos años se ha apoyado más a los taxistas que a los camiones urbanos.
En su opinión, “aunque sea causa de utilidad pública, el concesionario es quien debe tener la capacidad económica para otorgar dicho servicio”. A pesar de esto, también manifestó que en los últimos años se ha apoyado más a los taxistas que a los camiones urbanos.
Para él, “si ATUSA optimiza sus rutas acortando y reduciendo frecuencias de tiempo, así como eliminando rutas que se dupliquen, entonces se haría un mayor ahorro, que de la mano del implemento de tecnología; esto podría convertir a ATUSA incluso en una empresa (…) Con esa optimización integral, el aumento ya no sería necesario”.
En este sentido, el representante de Seguot reconoció que no existe un fondo para generar subsidios para transporte urbano. “Las instalaciones no dependen de nosotros, sino de ellos”, sentenció. No obstante, sí se realizaron inversiones en el sector. Según explica Rodríguez, la inversión de este sexenio en materia de transporte tuvo dirección hacia estudios, esquemas de garantía, nuevas plataformas y una consultoría que todavía sigue generando polémica: el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la zona metropolitana de Aguascalientes (PIMUS ZMAGS).
Un estudio de 29 millones de pesos
La gran apuesta por la movilidad de la administración de Lozano de la Torre fue este estudio realizado por la empresa española IDOM. La consultoría, que sienta las bases de lo que debería ser la movilidad en la ciudad de Aguascalientes y que incluye recomendaciones como la implementación de un sistema de transporte articulado BRT similar al que opera en la Ciudad de México, costó 29 millones de pesos al erario y su viabilidad aún se cuestiona.
Gobierno justificó el coste estableciendo que “es un modelo diseñado específicamente a las condiciones del estado, que además, ha sido calificado por SCT, Hacienda, FONADIN, entre otras”. Sin embargo, a principios de 2016, varios diputados sugirieron realizar una auditoría a los gastos derivados del PIMUS, siendo la abanderada de estas críticas la diputada Sylvia Garfias, quien ha denunciado en numerosas ocasiones las contradicciones que contiene el documento.
Además, según relata Rodríguez, ATUSA rehusó formar parte de este plan, considerando sumamente costosa su implementación, y colocó sobre la mesa otras opciones de proyectos de movilidad de un coste menor. Para el desarrollo del proyecto PIMUS, Juan Carlos Rodríguez estimó que la inversión rondaría los 2,000 millones de pesos.
La competitividad comprometida
Pero estas conversaciones nunca se materializaron en acciones concretas y llevaron a la situación en la cual nos encontramos ahora. Múltiples sectores han mostrado su desaprobación por el incremento del precio del pasaje en los camiones urbanos. Instituciones de carácter social, estudiantil, empresarial, entre otros, han señalado este aumento como un retroceso en el bienestar social.
De hecho, una de las consideraciones sería la de establecer a la entidad como una de las regiones con el transporte público más costoso en relación con su desarrollo económico.
En las ciudades con el transporte más desarrollado del mundo, el gasto en movilidad urbana ante el ingreso diario es prácticamente insignificante. Londres, por ejemplo, recibe un salario de 9 euros por hora, así que por jornada laboral se acumulan 72 euros (aproximadamente 1,560 pesos); de esto, se tomaría el precio del boleto único (existen diversas opciones de pago), el cual está aproximadamente en 40 pesos, por lo que el porcentaje destinado a este servicio es menos del 3 por ciento diario.
Instituciones de carácter social, estudiantil, empresarial, entre otros, han señalado este aumento como un retroceso en el bienestar social.
En el marco nacional, en las ciudades con mejor transporte se tiene un coste considerable en relación con su servicio e ingresos. Según información del INEGI, Guadalajara registra un índice general de sus unidades urbanas en 7 pesos; mientras que la Ciudad de México lo tiene entre los 5 y 7 pesos en autobuses, y entre 4 y 5.50 pesos en microbuses y vagonetas; además, la inversión que ambos estados hicieron en transporte público y movilidad se encuentra entre los 1,000 y 7,000 millones de pesos, respectivamente.
En Aguascalientes, si la propuesta de ATUSA se hubiese aprobado (incremento de la tarifa a 9 pesos), la relación del salario mínimo con el desembolso en transporte sería un tema relevante: tomando en cuenta que el salario mínimo actual se encuentra en 73 pesos, una tarifa por viaje en autobús urbano de 9 pesos significaría más del 12 por ciento del salario diario, lo cual es equivalente a prácticamente una hora laboral. Con la nueva tarifa de 7.50 pesos, el costo de un pasaje de camión por día ocuparía más del 10 por ciento del salario mínimo.