La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) en la que le solicitó hacer una consulta a comunidades indígenas de distintos estados donde se otorgaron permisos para sembrar soya genéticamente modificada.
El organismo acreditó la violación al derecho humano a la consulta libre, previa, informada y de buena fe en perjuicio de los pueblos indígenas asentados en dichas regiones. Los permisos fueron otorgados de 2009 a 2012.
La recomendación de la CNDH, dirigida a Enrique Martínez y Martínez, titular de la Sagarpa, solicitó implementar medidas para que no se afecte ese derecho en los municipios involucrados. También pidió diseñar e impartir un programa de capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos de la dependencia.
A través de un comunicado, la Sagarpa aceptó la recomendación e informó sobre la creación de un protocolo base de consulta a pueblos y comunidades indígenas en el que ha participado la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El mecanismo de consulta, menciona el documento, pretende aplicarse “conforme a las condiciones jurídicas vigentes, a las comunidades indígenas asentadas en las zonas donde se pretenda la liberación de organismos genéticamente modificados”.
En 2013, el portal Contralínea publicó un artículo donde informó sobre los permisos que el gobierno mexicano había autorizado a Monsanto Comercial, S.A. de C.V. para la siembra de soya transgénica a escala comercial en siete estados del país: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
En total, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) habría dado 44 autorizaciones a lo largo de 7 años para la siembra de soya transgénica en fase experimental y piloto.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) respondieron de forma negativa ante la solicitud de siembra.
Según estos organismos, entre los posibles peligros está la filtración de agroquímicos a los mantos acuíferos; la afectación a las áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e hídricas y a otras actividades económicas de la región; el desarrollo de resistencia a malezas y los posibles efectos a organismos no objetivo.