Los abogados Jesús Figueroa Ortega, Víctor Hugo Mercader Jurado y Raúl Fernando Romo López, comparecieron ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, como parte del proceso de elección del sustituto de René Urrutia de la Vega al frente de la Fiscalía General del Estado.
El primero en ser citado fue Jesús Figueroa Ortega, quien actualmente se desempeña como Juez de Control y Juicio Oral en el Poder Judicial del Estado. Es licenciado en Derecho por la UAA, tiene maestría en Derecho con Especialidad en Derecho Penal por la UAA y también ha fungido como Juez Quinto Penal.
Ante los legisladores, Jesús Figueroa expuso que de llegar a la Fiscalía mejoraría rubros como la atención oportuna a la ciudadanía, además de poner énfasis en los procesos de esclarecimiento de los hechos delictivos, impulsar mecanismos que protejan a la víctima e incrementar el número de personal para atender las investigaciones sobre los casos de robo a casa habitación y lesiones en sus diferentes variantes.
Consideró que se deben emprender más programas de capacitación continua para los agentes del ministerio público, peritos y policías ministeriales.
Cuestionado sobre el rezago que se tiene en los juicios de sistema mixto, dijo que una de las principales estrategias es priorizar los hechos delictivos de mayor relevancia para una oportuna solución.
El segundo en presentarse ante los diputados fue Víctor Hugo Mercader Jurado. Es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con Especialidad en Derecho de Amparo, Especialidad en Derecho Empresarial, Especialidad en Derecho Fiscal, por la Universidad Panamericana (Ciudad de México). Entre los cargos públicos que ha desempeñado destacan: Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Subprocurador de Averiguaciones Previas y Director General de la Policía Ministerial de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado.
Al exponer su plan de trabajo, Mercader Jurado sostuvo que eliminaría toda práctica ilegal como medida de interrogación, pues atentan contra los derechos humanos de los detenidos, los cuales tiene que ser protegidos de forma integral.
Señaló que impulsará la capacitación del personal de la fiscalía, que brinde la confianza necesaria para que la ciudadanía acuda a presentar sus denuncias y se garantice un debido seguimiento con resultados inmediatos, además de crear métodos adecuados para que los agentes del ministerio público tengan tiempos y espacios de trabajo adecuados.
También ofreció colaborar con otras corporaciones policiacas como la Secretaría de Seguridad Pública, en aras de impulsar una estrategia integral de combate y prevención del delito.
El tercero en acudir fue Raúl Fernando Romo López. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con una Especialidad en Derecho Penal por la UAA. Se ha desempeñado como Sub Procurador Jurídico y de Control Interno de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y actualmente es Vicepresidente del Colegio de Abogados.
Expresó que de convertirse en fiscal impulsaría mecanismos de atención y supervisión oportuna de los procesos de presentación de denuncias, además de destacar la importancia de emprender talleres para que el personal se sensibilice en el trato al ciudadano y buscar las estrategias de reducción de los tiempos de respuesta, priorizando siempre el respeto a los derechos humanos.
Romo López aseveró que hay que devolverle la confianza a la ciudadanía sobre la institución que persigue e investiga el delito, refiriendo que es fundamental la coordinación, cercanía y la creación de acuerdos con las diferentes corporaciones policiacas del estado, con el propósito de garantizar una impartición de justicia igualitaria para toda la ciudadanía.
Puntualizó que su trabajo estará basado en la realización de procedimientos legales e imparciales, sin impunidad ni corrupción y si es necesario se emprenderá una reestructura en la Fiscalía.
El nuevo fiscal será electo la siguiente semana, una vez que se reanuden los trabajos del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado.