Las comisiones del Senado mexicano aprobaron el pasado domingo, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma del Poder Judicial impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto busca introducir cambios profundos en el sistema judicial, desde la elección de jueces y magistrados hasta la estructura misma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con esta aprobación, ¿qué sigue en el proceso y cuáles son las implicaciones de la reforma?
Aprobación en comisiones
El dictamen obtuvo 25 votos a favor de los senadores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por su parte, 12 votos en contra, provenientes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, no fueron suficientes para frenar el avance del proyecto. Esta primera aprobación, realizada en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, significa que la reforma superó uno de los primeros obstáculos para su implementación.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es la reducción de 11 a 9 ministros en la SCJN, así como la disminución de la duración de su cargo de 15 a 12 años.
Aprobaron el dictamen sin ningún cambio respecto al documento que envió la Cámara de Diputados. El Pleno del Senado recibirá dicho dictámen para ser leído el próximo martes 10 de septiembre y se vote el miércoles.
Cambios propuestos: Elección popular de jueces y reducción de ministros
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma al Poder Judicial es la elección de jueces y magistrados mediante voto popular. De acuerdo con la propuesta, la elección de los jueces se llevará a cabo a través de un proceso de votación directa, universal y secreta. Este cambio desembocó en críticas de la oposición, que argumenta que podría comprometer la imparcialidad de los juzgadores al politizar su elección.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, calificó esta medida como un «absurdo», ya que dejaría en manos de la mayoría legislativa la selección de los candidatos que aparecerían en las boletas. Este proceso, en opinión de Anaya, pone en riesgo la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, priorizando la popularidad sobre la capacidad técnica de los candidatos.
Por otro lado, el dictamen también establece que los ministros de la SCJN no podrán ser reelectos. Asimismo, la Presidencia de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotatoria, asignándose el puesto a quienes obtengan el mayor número de votos en cada elección interna.
Impacto en las remuneraciones de los jueces
Otro de los cambios destacados en la reforma es la reducción de las remuneraciones de los ministros, magistrados y jueces. El dictamen ordena que ningún funcionario judicial perciba un salario superior al del Presidente de la República. Este punto ha generado controversia, pues algunos sectores argumentan que podría desincentivar a los mejores perfiles de acceder a estos cargos.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, advirtió que esta medida podría contravenir disposiciones internacionales, como el T-MEC. Argumentó que lo anterior se debe a que se afecta la certeza jurídica para la inversión en el país. Además, señaló que la reducción en las remuneraciones podría poner en riesgo la independencia judicial.
Requisitos para los jueces
El dictamen también impone requisitos más estrictos para quienes aspiren a ser ministros de la SCJN. Para ser electo, el candidato deberá contar con un título de licenciado en derecho y haber obtenido un promedio mínimo de 8 puntos en su formación académica. Además, se requiere una experiencia profesional de al menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.
Reacciones a la reforma
La reforma al Poder Judicial ha generado una fuerte división entre las diferentes fuerzas políticas. Mientras que los senadores de Morena y sus aliados defienden la medida como una forma de combatir la corrupción y garantizar la independencia judicial, la oposición sostiene que la reforma pone en riesgo la imparcialidad del sistema.
Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, defendió la reforma. Afirmó que el pueblo de México está a favor de estos cambios y que la elección de jueces por voto popular es un paso importante para poner fin a la impunidad y los vicios del pasado.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, argumentó que la reforma prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica. Dijo que esto podría comprometer la protección de los derechos de los ciudadanos.