La posibilidad de acceder a internet de manera gratuita desde cualquier parque y plaza pública, sin importar el municipio ni la comunidad, podría materializarse para los hidrocálidos.
El motivo es que el Congreso local aprobó una iniciativa de reforma al artículo 6 de la Constitución que obliga al estado y a los municipios a ofrecer conexión inalámbrica gratuita a sus ciudadanos.
Esto lleva a reconocer el acceso a internet como un derecho, según el diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada.
Propuesta por el Partido de la Revolución Democrática desde la pasada legislatura (por el ex legislador Gilberto Carlos Ornelas), los diputados aprobaron dicha iniciativa por unanimidad el pasado jueves. Escobedo Tejada mencionó que los gobiernos municipales tendrán 22 días para reunirse y aprobar la reforma. De no hacerlo, se tomará como aceptada y deberá entrar en vigor.
La iniciativa obliga al estado y a los municipios a ofrecer a sus ciudadanos una conexión inalámbrica “de manera progresiva y gradual”, es decir, los resultados no serán inmediatos.
“Se le da cierta flexibilidad a los municipios y al estado (…) pues es una inversión muy fuerte”, dijo el legislador.
Sin embargo, para que pueda ser decretada (que entre en vigor) se necesita la aprobación, por lo menos, de seis municipios.
Para el diputado, la reforma es un paso importante del estado porque a pesar de que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos reconoce este derecho de conectividad, no todas las constituciones locales lo tienen establecido; sólo las de Morelos, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Durango, Tabasco, Baja California Sur y Chiapas.
“El fundamento primordial que manejamos es que ante los avances tecnológicos en este mundo globalizado, aquella persona que no tiene acceso a internet o a la conectividad es un indicador de rezago social”.
Sobre los estándares de calidad y conectividad que deberán tener las redes, que no se mencionan en la iniciativa, Escobedo Tejada dijo que están implícitos y, de haber problemas técnicos, los ciudadanos podrían interponer un amparo o recurso de revisión ante un tribunal. Esto obligaría a la autoridad a revisar las insuficiencias.