El día de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana, misma que regula las medidas que deberá observar el ejercicio del gasto público con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez.
Con 272 votos a favor, 154 en contra y 3 abstenciones se aprobó el dictamen, mediante el cual también se reforman las leyes de Responsabilidades Administrativas, y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Ley de Austeridad Republicana establece que los entes públicos de la administración pública federal sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, prohíbe la constitución de fideicomisos o mandatos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, excepto cuando estén previstos en ley, decreto o tratado internacional.
De igual forma prevé que bajo ninguna circunstancia se puedan hacer aportaciones, transferencias o pagos utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización de gasto.
Expone que los servidores públicos de mando superior contemplados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada al menos en los 10 años siguientes, lo que generó molestia e incertidumbre en algunos legisladores de la bancada del PRI, PAN y PRD.
Con esto, la Ley de Austeridad Republicana busca mejorar la distribución y calidad del gasto público, limitar el uso de bienes muebles e inmuebles del Estado y de los recursos humanos al servicio de éste a fines de utilidad pública.
Plantea eliminar privilegios como seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación y cajas de ahorro especiales; evitar el engrosamiento del aparato burocrático y la duplicidad de funciones; eliminar pensiones de retiro a expresidentes de la República, distintas de las que otorga el ISSSTE; y disminuir las compras gubernamentales.
El dictamen destaca que las medidas de austeridad no afectarán derechos sociales. Cabe señalar que entre los artículos en que la oposición fijó sus críticas se encuentra el artículo 61, en el que se señala que los ahorros que se logren con estas medidas se destinarán a programas sociales o a donde al Ejecutivo Federal establezca, otorgándole mayor poder al mandatario, quien fue el impulsor de la ley en comento.