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Aplaude Coparmex suspensión del aeropuerto de Santa Lucía

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su reconocimiento al Poder Judicial de la Federación después de que el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ordenara la detención provisional de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

El tribunal federal suspendió la obra hasta que el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador demuestre tener los dictámenes y permisos ambientales correspondientes para la construcción de la terminal aérea.

El organismo empresarial, presidido por Gustavo de Hoyos Walther, recordó de manera enfática que la cancelación «injustificada» del NAIM, ha supuesto la pérdida de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46 mil empleos directos y el quebranto de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales para continuar invirtiendo en nuestro país.

A través del comunicado, el síndico patronal recordó que la determinación del tribunal se derivó de un juicio de amparo impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil reunidas en el colectivo #NoMásDerroches, en el cual está Coparmex.

Agregó que los juicios resaltaron el daño «inminente e irreparable» que se causaría en las áreas naturales protegidas por la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

Por ello, ante la suspensión provisional de la obra, Coparmex manifestó que «el Poder Judicial de la Federación, una vez más, demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a las decisiones apresuradas e injustificadas del Poder Ejecutivo».

Sostiene que el dictamen genera un precedente importante en materia ambiental, «no solamente para el caso del Aeropuerto de Santa Lucía, sino también para cualquer otro proyecto de infraestructura que suponga la destrucción de los ecosistemas».

Por último, Coparmex expresó que desde el colectivo #NoMásDerroches se seguirá manteniendo la comunicación con el Poder Judicial de la Federación para buscar contrarrestar decisiones cualquier orden de Gobierno que impliquen el desperdicio del dinero de todos los mexicanos y la violación de derechos humanos.

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