En la búsqueda de una mejor justicia laboral, México ha experimentado una serie de reformas que ha impactado en beneficios y prestaciones de los trabajadores.
Sin embargo, es importante reconocer que también conllevan una carga adicional para el sector patronal.
Desde 2012, la Ley Federal del Trabajo ha sido objeto de múltiples modificaciones, comenzando con cambios procesales y llegando hasta transformaciones drásticas que redefinieron por completo el panorama laboral en el país.
Uno de los cambios más significativos ha sido la abolición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que anteriormente dependían del Poder Ejecutivo tanto a nivel federal como estatal. En su lugar, han surgido los nuevos Tribunales Laborales, que están bajo la jurisdicción del Poder Judicial Federal y Estatal.
Esta reestructuración ha requerido que los abogados especializados en derecho laboral amplíen sus conocimientos en el ámbito procesal, ya que ahora se debe llevar a cabo una audiencia conciliatoria previa a la presentación de demandas laborales.
Además, se ha implementado una plataforma especial para el registro y la actualización de sindicatos y reglamentos internos de trabajo, simplificando su gestión.
Otra reforma crucial ha sido la implementación del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Esta medida tiene como objetivo evitar el llamado «outsourcing«, una figura legal y fiscal que permitía eludir las responsabilidades patronales y, en ocasiones, disfrazar la insolvencia de las empresas.
El REPSE busca promover relaciones laborales más justas y transparentes al garantizar una mayor responsabilidad en la contratación de servicios especializados.
¿Qué originó estos cambios en México?
Es comprensible que muchas personas se pregunten por qué se han producido tantos cambios en el sistema laboral. La respuesta radica en el Tratado de Libre Comercio firmado por México con Canadá y Estados Unidos en 1991.
Este acuerdo trajo consigo la posibilidad de recibir inversiones extranjeras, pero también reveló las deficiencias en nuestras relaciones comerciales, seguridad social, derechos laborales e incluso procesos legales. Para mantenernos a la par de las naciones desarrolladas con las que ahora tenemos relaciones comerciales más estrechas, fue necesario modernizar nuestras normativas.
Por otra parte, la globalización ha obligado a nuestro país a mejorar la administración de justicia y, en 2011, se implementó un nuevo paradigma judicial que reestructuró nuestra constitución política, migrando de las garantías individuales a los derechos humanos, buscando una mayor equidad y protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Estas reformas han convertido a México en un destino más atractivo para la inversión extranjera y han mejorado las condiciones de vida de los mexicanos, especialmente en regiones como el Bajío, que se han convertido en centros industriales de gran importancia.
Además, desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en el año 2000, se ha buscado equiparar las condiciones laborales a las de los países europeos. Este desafío ha impulsado reformas estructurales que nos acercan cada vez más a la igualdad de condiciones.
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En tiempos actuales, el sector obrero en México disfruta de un mayor número de días de vacaciones, pero eso no es todo. Las reformas laborales continuarán hasta alcanzar niveles similares a los países desarrollados. De hecho, existe la posibilidad cercana de aprobar un día adicional de descanso a la semana laboral, lo que reduciría de 48 a 40 horas la duración de la jornada laboral.
Es fundamental que, como abogados, estemos plenamente conscientes de la necesidad de actualizarnos y prepararnos para cada reforma, con el fin de ofrecer mejores servicios jurídicos. Negarnos a estos cambios sería limitar nuestro potencial para convertirnos en una potencia económica, judicial y productiva a nivel mundial.
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