Agua, infraestructura y crecimiento: es urgente una gestión profesional

Como se ha repetido y documentado hasta la saciedad, buena parte del mundo ha entrado en una fase crítica en la provisión de agua potable en la calidad, cantidad y precios competitivos a una población urbana que seguirá creciendo en las próximas décadas.

Las guerras por el petróleo del siglo XX serán ahora las guerras por el agua, y el peor escenario es que transcurran en un contexto donde el bien en disputa sencillamente ya no exista, porque entonces las volverá guerras imposibles.

Por tanto, el elemento clave del problema no será ya la disponibilidad, saneamiento y distribución del recurso, sino el modelo de gestión que sigan ciudades y países, que requerirá inevitablemente de mayor experiencia, capacidad e inversión privadas, algo que los burócratas ineficientes y corruptos a todo nivel sencillamente no entienden.

Para empezar el estrés hídrico es un fenómeno imparable. Dos firmas globales –HR y Standard & Poors– han publicado sendos análisis en 2023 y 2024 y sus conclusiones anticipan una tragedia en toda regla.

De los mil 386 millones de kilómetros cúbicos de agua que se calculan a nivel global, 97.5% se encuentran en océanos y mares en forma de agua salada. El otro 2.5% del agua es dulce y únicamente el 0.3% se encuentra en ríos y lagos, que es el agua disponible para uso humano; el resto se encuentra en glaciares, casquetes polares y depósitos subterráneos, razón por la cual, como lo planteó el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la ONU, la eficiencia en el manejo y uso del recurso es hoy una prioridad global.

De acuerdo con Aquastat, de 178 países analizados en 2020, México ocupó el lugar número 139 en estrés hídrico con una calificación de 44.8%, ocasionado por el crecimiento demográfico, el cambio climático, el uso agrícola, la contaminación del agua, la sobreexplotación de acuíferos y, por supuesto, las deficiencias en la gestión del agua. Este conjunto de circunstancias explica que en México las sequías en las ciudades se observen por periodos más prolongados y en intensidades más severas.

Según el último reporte del Monitor de Sequía en México, en la primera quincena de marzo de 2024 se identificaron 163 municipios bajo sequía extraordinaria, un aumento alarmante comparado con el reporte de 2016. En el caso de Aguascalientes, en 2016 ninguno de los 11 municipios clasificaba dentro de las 6 categorías de sequía -desde “anormalmente seco” hasta la sequía “excepcional”, la más grave- pero ocho años después todos padecen algún tipo de sequía: moderada, severa o extrema.

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Por su parte, de acuerdo con el monitor de datos Climate Change Physical Risk, S&P Global Sustainable asigna puntuaciones en una escala que va de 1 (riesgo más bajo) a 100 (riesgo más alto) para evaluar la exposición de un sitio determinado a diferentes riesgos, donde por arriba de 70 puntos indica la más alta exposición al riesgo climático y a un alto estrés hídrico; en esta década (2020-2030), 11 de los 32 estados mexicanos ya se enfrentan a un alto estrés hídrico (con puntuaciones de 70 o superiores), entre ellos Aguascalientes. L

a conclusión es más que obvia: entidades como Aguascalientes ya presentan una muy seria escasez de agua; padecerán menor crecimiento económico en tanto aumenten la frecuencia y la intensidad de las sequías, y se multiplicarán los mercados irregulares e ilegales para obtener, por cualquier vía, acceso al líquido. Esta es una primera lección: la crisis no se resolverá con ocurrencias, tanques o pozos, porque sencillamente no hay agua.

El segundo efecto, por consecuencia, tiene que ver con los niveles de insatisfacción de los usuarios con el servicio. En la más reciente Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana del INEGI (primer trimestre de 2024), el 69.6% de la población de la ciudad de Aguascalientes reportó “fallas y fugas” en el suministro de agua potable, mientras que en otras ciudades como Saltillo es de 31.7%, Colima 30.9%, San Pedro Garza García 39.6% o Durango 39%.

Llama la atención que en el caso de León, que supuestamente fue el “modelo de éxito” copiado por el municipio de Aguascalientes para volver a las andadas burocráticas, en marzo de 2023 las quejas sobre el agua alcanzaban el 26.3%, pero un año más tarde se incrementaron al 55.1%.

¿Qué pasó? Las razones son las mismas que en todas partes: explotación del acuífero mucho mayor que la inyección, niveles muy bajos en las presas, sobreexplotación, perforaciones nocturnas y clandestinas de pozos para vender agua en pipas, cortes de agua sin precedentes en los últimos 30 años, y, desde luego, el principio de Peters, es decir, la incompetencia de un modelo público de operación opaco y por lo visto ineficiente.

Tras décadas de haber sido gestionado o en realidad capturado por empresarios locales sin experiencia en el tema, el actual director del organismo tuvo que reconocer: “A pesar de los esfuerzos por integrar nuevos pozos y buscar alternativas de abastecimiento, la realidad es que la escasez de agua es un problema estructural que demanda soluciones a largo plazo”.

La combinación de los factores anteriores -medio ambiente, nudos estructurales y mala gestión pública- pueden hacer sumamente complicado para Aguascalientes atraer inversión privada, capacidad técnica y tecnológica, y cooperación internacional en la medida en que el estado no cuente con un verdadero plan integral en la materia y resuelva los litigios que tiene abiertos tanto con la antigua concesionaria de agua como con las empresas privadas con las que ha suscrito contratos en materia de energías renovables, entre otras cosas, porque afectan su credibilidad como un socio confiable e introduce dificultades para la obtención de financiamiento externo competitivo.

A esta asignatura mayúscula, habrá que añadir otra: es muy probable que se incremente el malestar de los usuarios por la ineficiencia del servicio, ya mostrado en las encuestas del INEGI. Esto llevará a su vez a una presión social y política de cara a las elecciones estatales de 2027 y, por ende, a reducir su margen de maniobra. Este podría ser el peor de los escenarios: crisis en el servicio del agua en un contexto de muy alta competencia electoral.