A partir del próximo año, México empezará a vivir una época incierta, confusa e impredecible por razones muy diversas que aún no se empiezan a discutir de manera clara en la conversación pública.
La primera de ellas es que, con independencia de los cambios políticos y los ciclos económicos, los países y los sectores que ya están plenamente metidos en procesos sofisticados de innovación para el crecimiento continuarán en franca aceleración; pero no así los que, como en México, apenas identifican los retos del siglo XXI.
Por ejemplo, para 2030, de acuerdo con varios estudios, la automatización modificará las actividades de más del 60 por ciento de las ocupaciones; además, entre 75 y 375 millones de trabajadores, lo que representa entre el 3 y el 14 por ciento de la fuerza laboral mundial, necesitará adaptar sus habilidades. Estos cambios tienen repercusiones entre la población trabajadora que, para mantener su competitividad, requiere de mejorar e incluso adaptar sus calificaciones de manera permanente y desarrollar habilidades cada vez más demandadas en el sector laboral.
Si México no continua con las reformas estructurales en los próximos años, su productividad seguirá siendo muy baja; por consecuencia, su crecimiento será mediocre y pobre su generación de empleos calificados y mejor pagados. Las estimaciones del FMI ya anticipan que en 2019 la economía nacional alcanzará apenas una tasa de 1.9 por ciento.
El segundo riesgo es la posibilidad de que se produzcan desequilibrios macroeconómicos, parecidos a los de las décadas de los años setenta y ochenta, derivados de la indisciplina fiscal y presupuestal; de una menor recaudación derivada del bajo crecimiento; de un mayor costo de la deuda mexicana, si el país sufre una degradación en sus calificaciones crediticias, o bien, por el incremento de los diferenciales (spreads) respecto de los bonos gubernamentales mexicanos; de diversas externalidades como el aumento de tasas en Estados Unidos o simplemente del riesgo de que se repita la crisis de 2008. Tan solo el pasado octubre, The Economist concluía: “Puede que no se necesite mucho para provocar la próxima recesión”.
La tercera dificultad es que, si bien es cierto que hasta ahora ha mostrado un desempeño positivo, el consumo privado, es decir, lo que gastan las personas y las familias cotidianamente, tenderá a estancarse, entre otras razones, por la contención salarial que aplicarán las empresas ante la incertidumbre del panorama de inversión y los riesgos políticos domésticos, y por el desempleo que provocará la relativa parálisis de nuevas inversiones privadas (nacionales y extranjeras) en virtud de la pérdida de confianza de los agentes económicos.
La cuarta es una combinación de riesgos internos y externos que las empresas predicen. Un reporte reciente del Foro Económico Mundial señala que en “México el mayor riesgo, además de la inestabilidad social, la falta de gobernanza y el comercio ilícito, es la crisis de agua y el desempleo o subempleo”. Más aún: en noviembre, Bank of America publicó su más reciente encuesta entre administradores de fondos, en la cual reporta que el 47 por ciento de los participantes planea recortar las colocaciones en México tras la cancelación del nuevo aeropuerto, entre otros factores.
El quinto problema es la insuficiente competitividad en los aspectos estructurales clave que son el desarrollo de talento, la innovación, el desarrollo científico y tecnológico. En este sentido, la presunta cancelación de la reforma educativa no solo manda una pésima señal respecto a las prioridades que el país tiene en materia de capital humano, sino que también alentará el resurgimiento de prácticas corruptas en algunos aspectos del sistema educativo y profundizará las distintas brechas entre las regiones del país, lo cual hará mucho más difícil y lento el crecimiento de las economías, la productividad y el empleo.
Todo parece indicar que en México ha concluido un ciclo largo de modernización económica, financiera, industrial y urbana, que inició a mediados de los años ochenta del siglo pasado con la entrada al GATT (después OMC), la apertura comercial y la consolidación de una economía de mercado, y que termina con el regreso a un pasado que no produjo bienestar ni prosperidad para el país.