El 23 de abril entró en vigor la nueva reforma al outsourcing en México y la subcontratación laboral -esta entendida como una práctica en la que una persona física o moral transfiere trabajadores a un tercero para el cumplimiento de tareas-. Quedó prohibida tanto en particulares como en el gobierno.
Los principales ajustes de la nueva ley solo permiten la figura outsourcing de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba.
De esta manera, las organizaciones que brinden los servicios de subcontratación se darán de alta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con renovación cada tres años.
A partir de la publicación de las nuevas disposiciones en el Diario Oficial de Federación, la STPS tiene 30 días para crear el padrón y los lineamientos de registro para inscribir a compañías que proporcionen servicios especializados. Las empresas, cuyo personal haya sido contratado vía outsourcing, tendrán tres meses para integrarlo a su nómina.
Para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), se establecieron dos modalidades -que todo empleado tendrá derecho a recibir-: hasta noventa días o el promedio de los últimos tres años. La idea es incrementar en 100 mil millones de pesos el reparto de utilidades respecto a la situación anterior.
Preocupan efectos sobre el empleo formal
Si bien la reforma al outsourcing en México tiene elementos positivos, no es suficiente para mejorar las condiciones de los trabajadores. El principal riesgo es la incertidumbre de sus efectos sobre el empleo formal y en los trabajadores subcontratados en el corto plazo, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Con esto concuerda Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), quien consideró que sólo 30% del personal subcontratado pasaría a la nómina directa de la empresa que solicitaba un servicio outsourcing. Esto equivale a un millón 405 mil 608 trabajadores de los 4.6 millones subcontratados en el país, de acuerdo con los Censos Económicos 2019 del INEGI.
Asimismo, Márquez Pitol estimó que alrededor de 10% perdería su fuente de empleo, lo que representaría 468 mil 535 desempleados en México. 60% se encontraría en la informalidad o en esquemas laborales sin seguridad social. El escenario es posible dados los ajustes que las empresas aplicarán ante la nueva regulación laboral, la cual incrementa los costos de la nómina.
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Destacó que esta reforma no atendió los principales ejes que necesita el país en materia laboral: la creación de empleos formales, la disminución de la informalidad y el refuerzo de mecanismos para combatir la evasión fiscal.
Contrario a la narrativa del gobierno para erradicar la subcontratación, el también director comercial de Manpower Group (compañía con más de 250 mil empleados temporales y permanentes en los mercados de México, el Caribe y Centroamérica) señaló que este esquema no ha promovido las malas prácticas, sino que son terceros quienes lo aprovechan para evadir responsabilidades.
Por otra parte, señaló que volver a regular lo que ya estaba regulado desde 2012 envía un mensaje de desconfianza a empresas extranjeras, si estas tenían planes de inversión en nuestro país que se verían afectados por el cambio regulatorio.
De hecho, Larry Rubin, presidente de la American Society of México y representante de la cúpula empresarial norteamericana dijo que 92% de las empresas estadounidenses asentadas en territorio nacional operan con un sistema de outsourcing, de ahí que recalcó la importancia de continuar con este esquema.
“Ha faltado realmente conocimiento de la materia para visualizar que la subcontratación en sí no es absolutamente mala para nada. Lo que hay son muchos vicios en el país que hay que atacar. Hoy es más fácil echarle la culpa a algo para ver si con eso se termina”, sentenció Márquez Pitol.
“En el fondo es una reforma en materia fiscal”
Desde la perspectiva de Oziel Guerrero de Anda, especialista en Derecho Laboral y socio del despacho Vega, Guerra y Asociados, esta nueva reforma puede significar un fuerte impacto que tal vez muchas empresas no alcanzan a dimensionar (ni mucho menos cuantificar) por el costo de transitar hacia el esquema que ahora demanda la ley.
“El costo más significativo sin duda será en aquellas empresas acostumbradas a no pagar utilidades a sus trabajadores porque los tenían a través de una outsourcing. Para otras, en cambio, no lo será tanto porque trabajan bajo un esquema totalmente transparente, donde tienen al 100% a sus trabajadores dados de alta de manera correcta”, precisó.
Sin embargo, dijo que esta reforma al outsourcing en México tiene justificación por las malas prácticas que se toleraron en la regulación anterior; por años, la figura de la subcontratación se prestó para:
- Evadir responsabilidades fiscales
- Creación de empresas fantasmas
- Registro de trabajadores con salarios inferiores a los reales y sin provocar sanciones para la empresa infractora.
Más que una reforma laboral, opinó de Anda, se trata de una reforma en materia fiscal para asegurar la recaudación de recursos públicos ante la fragilidad económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 (por lo que seguramente los ingresos tributarios aumentarían en 2021 y 2022).
“Las empresas que usaban estos esquemas para evadir responsabilidades en materia laboral, seguridad social y dar de alta a sus trabajadores con salarios inferiores a los reales también van a tener un impacto más fuerte porque van a tener mayor fiscalización”, agregó.
Viene un “monopolio de las autorizaciones”
Oziel Guerrero de Anda señaló que la regulación anterior ofrecía buenos mecanismos para prevenir y sancionar malas prácticas. Pero en la ley vigente, las autoridades tendrán más facultades para vigilar a quienes presenten servicios de outsourcing en tareas u obras especializadas, así como herramientas para sancionar en caso de detectar irregularidades.
Las sanciones por subcontratar personal, así como personas físicas o morales que presten servicios de tercerización sin contar con el registro correspondiente, implicarán multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, hasta por más de cuatro millones de pesos.
Explicó que la parte medular de la reforma es el registro ante la STPS que se establece para todas aquellas empresas o personas que quieran prestar servicios especializados. Esto implicaría “un monopolio de las autorizaciones” para determinar quién sí y quién no va a prestar servicios de outsourcing.
“Creo que ese es el cambio más importante, que ahora las autoridades tendrán más visibilidad de quienes van a estar prestando este servicio de outsourcing que, hay que decir, el outsourcing no se elimina”, señaló.
Lo que viene…
Para Márquez Pitol el outsourcing en México tampoco se acaba porque se aplicará a través de diferentes formas: en vez de facturar el número de empleados por el trabajo a realizar, ahora serán sobre los servicios que demande el cliente.
“Habrá que convertir todos esos contratos en la medida de que no sean la actividad principal de la empresa ni la parte preponderante ante el SAT que, para términos generales, lo de preponderante es sobre lo que tú facturas”, explicó el ejecutivo.
Asimismo, compañías de capital humano como a las que representa seguirán en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación para cubrir la rotación de personal en diferentes nichos de mercado.
No obstante, dijo que este tipo de compañías reducirían su volumen de facturación, así como la cantidad de empleados que actualmente tienen en su nómina. Al menos serán tres años para recuperar al personal actual.
Puesto que ya entró en vigor la reforma, Guerrero de Anda recomendó a las empresas una evaluación a fondo sobre el tipo de servicios subcontratados. De ahí determinar cuál es su objeto social y la actividad económica preponderante. Finalizado el análisis, se debe identificar cuáles son los servicios a subcontratar en aquellas organizaciones que cumplan sus obligaciones y estén registradas ante la STPS.