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Adelantan cese de fiat notarial a Jiménez San Vicente

El exsecretario de desarrollo económico Armando Jiménez San Vicente se convertiría también en exnotario un día antes de que comience a correr el plazo para aportar pruebas a su favor en el proceso de cesación de cargo notarial que se le sigue.

Mientras el edicto mediante el cual se le cita a comparecer establece que Jiménez San Vicente podrá aportar pruebas a su favor del 17 al 27 de mayo próximos, el actual secretario de gobierno Sergio Reynoso Talamantes adelantó en entrevista que el próximo sábado 16 de mayo a las 11 de la mañana se le notificará la cancelación del fiat notarial.

“(Jiménez San Vicente) Es un fedatario, del que ha sido cuestionada su condición incluso del ejercicio profesional porque nunca lo había tenido, ni lo tuvo (…) Se revisó su expediente (…) y no había cumplido con los requisitos de la ley del notariado en el sentido de las autorizaciones para ausentarse, como lo ha hecho desde un inicio, ya que esta notaría jamás funcionó. Jamás le fue entregado un solo folio para su trabajo”, explicó Reynoso Talamantes.

Sin embargo, el edicto publicado en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado del 11 de mayo detalla que la cita es a una audiencia con el gobernador o el jefe de gabinete “para ser oído de manera personal” dentro del proceso administrativo de cesación de cargo notarial VPN 006/2014 que se le sigue.

Además, la publicación emitida por la Visitaduría de Notarías (dependiente de la Secretaría de Gobierno) especifica que “se le notifica al fedatario en cuestión que cuenta con el término improrrogable de 10 días para efecto de aportar pruebas en su descargo y rendir alegatos si a su interés conviniera” y que tal periodo será del 17 al 27 de mayo.

Jiménez San Vicente recibió la Notaría 54 a finales de la administración de Luis Armando Reynoso, gobernador para el que trabajó como secretario de desarrollo económico. Junto con el exmandatario y otros miembros de su gabinete, está acusado de haber participado en el delito de peculado y ejercicio indebido de los recursos públicos por la compra a sobreprecio de reserva territorial.

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