El gobierno de San Luis Potosí y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) firmaron un convenio de colaboración para contribuir a la política social de la entidad a través de acompañamiento técnico, así como de herramientas de monitoreo y evaluación.
En el marco de la firma, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del CONEVAL, dijo que el organismo proveerá información estadística sobre la pobreza a nivel estatal, municipal, por grupos poblacionales, entre otras categorías.
Del mismo modo, el funcionario federal precisó que se capacitará a servidores públicos del gobierno potosino mediante cursos y talleres a fin de enriquecer las herramientas de indicadores y monitoreo de resultados.
En los siguientes años, agregó, el CONEVAL incorporará metodologías de evaluación e impacto sobre políticas sociales.
“El caso de San Luis Potosí en esta administración será un caso exitoso porque comprobamos el uso de la información y evidencia para la generación de sus políticas públicas”, destacó Cruz Marcelo.
¿Cuáles son las políticas para reducir la pobreza en San Luis Potosí?
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que su administración ubicará a San Luis Potosí entre los cinco u ocho estados del país con menor índice de pobreza.
Para ello, dijo que fortalecerá programas sociales en municipios con mayor rezago, además se invertirán más recursos para generar infraestructura a favor del bienestar social de las y los potosinos.
Al referirse a los dos municipios que se mantienen en pobreza extrema como Aquismón y Santa Catarina, Gallardo Cardona detalló aumentos de 12% y 17%, respectivamente, en el presupuesto destinado a la política social y agregó que más de la mitad de la población de estas alcaldías ya son beneficiarios de alguno de los programas sociales estatales.
Asimismo, dijo que para los otros 18 municipios en pobreza se destinará una inversión de dos mil millones de pesos (mdp) para programas sociales. Igualmente, dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) ya invierten 500 mdp para obras sociales, mientras que el Instituto de la Vivienda que tiene una bolsa de 40 mdp.
Finalmente, comentó que para prevenir cualquier tinte político en los programas sociales, se envió al Congreso del Estado una propuesta para elevarlos a rango constitucional, con lo que arrebata la posibilidad de lucrar con estos apoyos.