El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que en los próximos días (a más tardar a inicios de la próxima semana) promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional por el decreto del Gobierno Federal de extinguir los 109 fideicomisos dirigidos a varios sectores económicos, artísticos y sociales que representan una suma de 70 mil millones de pesos.
Lo anterior forma parte de la estrategia jurídica emprendida por los mandatarios de la Alianza Federalista en aras de defender el federalismo y el fortalecimiento -principalmente fiscal- de los estados y municipios, han reiterado los gobernadores.
“La Alianza ha insistido en [alcanzar] un mayor presupuesto, un mayor fortalecimiento del federalismo, una mayor atención a los estados y municipios. En Aguascalientes planteamos que la única vía [para lograr lo anterior] pasa por un tema jurídico, porque [desde el Gobierno Federal] ni nos ven ni nos escuchan. [Esperamos] que la SCJN realmente determine el efecto de las políticas públicas que tendrá en el país la desaparición de los 109 fideicomisos”, declaró Orozco Sandoval.
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El mandatario señaló que el compromiso asumido por la Alianza Federalista es alistar en los próximos días la controversia constitucional para presentarla ante la SCJN, detallando que los estados de Tamaulipas y Jalisco son los más avanzados en la presentación de la figura jurídica. Agregó que las entidades de la alianza han recibido asesoría de despachos jurídicos, destacando la participación del abogado Robert Gil Zuarth, especialista en Derecho Constitucional.
Martín Orozco descartó que puedan existir represalias por parte del Gobierno Federal por la promoción de la controversia constitucional, pues los estados están haciendo uso de sus derechos, por lo que apeló a la Federación a abrirse al diálogo político.
“Nunca debemos de descartar el diálogo; en la política siempre debe de existir el diálogo y siempre se lo hemos solicitado al señor presidente. No creo que vaya a haber represalias; tenemos el derecho jurídico que le corresponde a los estados si no hay un acuerdo [con la Federación] o si consideramos que se está violando la Constitución para dar un servicio en las políticas públicas a una entidad”, finalizó.
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